“Nos sentimos orgullosos de que en este histórico día venga el presidente Ollanta Humala a promulgar la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios” expresó el Demetrio Chiroque Morales, alcalde del distrito de Imaza.
También manifestó su esperanza en que Imaza pueda salir de la extrema pobreza con apoyo del Gobierno y dejar atrás la exclusión que ha vivido a través de la historia, “Tenemos muchos problemas, pero estamos seguros de que contaremos con la asistencia del Gobierno, que atenderá el clamor de los pueblos más necesitados”.
Imaza es uno de los cinco distritos de la provincia amazonense de Bagua está ubicado a 347 metros sobre el nivel del mar y alberga a 21,409 pobladores agrupados en comunidades aguarunas, tiene cerca de 50 centros poblados, entre ellos Imacita, que fue escenario de la promulgación de la Ley de Consulta Previa el día 6 de setiembre.
El Presidente dijo estar emocionado por rubricar la ley en Imacita, en cuyo cuartel estuvo mucho tiempo formando parte del Ejército.
El Congreso de Perú aprobó esta ley por unanimidad el pasado 23 agosto que se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Convenio exige que los pueblos indígenas sean consultados por los estados sobre los temas que les conciernen, sus derechos colectivos opciones de desarrollo e identidad cultural, como el ingreso de empresas a sus tierras para explotación minera, forestal o de hidrocarburos.
El presidente en su discurso expresó "Lo que queremos hacer con esta ley es que la voz de los indígenas sea escuchada y que sean tratados como ciudadanos” luego de señalar las bondades de esta norma que tiene por finalidad el desarrollo de los pueblos originarios, manifestó: “El problema no se resuelve firmando una ley, pero sí es un inicio” y enfatizó : “¿Cuál es el problema que tenemos hoy?, la construcción de una gran república que respete a todas sus nacionalidades, aguaruna, huambisa, quechuas, aymaras, awajún, y tantas otras que hay en todo el territorio nacional”
En entrevistas a la prensa afirmó “siempre se ha señalado que el Estado representa a todas las culturas y nacionalidades del país, pero en la práctica sólo está representando a una cultura. Lo que se busca a partir de ahora es que todas las culturas sean valoradas por igual”
Diversos especialistas señalaron que la norma es una deuda histórica con las poblaciones indígenas o campesinas como los quechuas y aymaras debido que el Estado peruano, firmó el 1993, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El mandatario de la Nación, instalado en un estrado en Bagua, reconoció que la problemática de las comunidades indígenas no se resuelve firmando una ley, pero sí es el inicio para resolver una tarea pendiente históricamente: la construcción de una República que respete a todas sus nacionalidades (aguarunas, wambisas, quechas, aymaras y otras).
El diario Los Andes resalta que Ley de Consulta previa incluye a quechuas y aymaras: lo más importante es que la norma reconoce a las comunidades campesinas o andinas, como pueblos indígenas u originarios, aunque para ello deberán demostrar la “descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional” y “estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente usan u ocupan”. Sin embargo, para algunos existen algunas dudas respecto a la implementación de la norma, dudas que recién se despejarán publicada su reglamentación.
Finalmente, diversas instituciones como la Defensoría del Pueblo, coinciden que la Ley de Consulta Previa es un avance histórico en la legislación nacional. La Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas es una herramienta clave para disminuir las tensiones sociales y dar sostenibilidad al crecimiento económico del país, sostuvo hoy el defensor del Pueblo encargado, Eduardo Vega en entrevista a un canal de TV, quien además destacó el anuncio del viceministro de la Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Vicente Otta Rivera, de culminar el proceso de implementación de la Ley de Consulta Previa, en el plazo de 180 días.
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