Viceministro denuncia asesinato de 14 curanderos

Apu  Silverio Yume Chancahri, y curandero de 50 años de edad, fue asesinado la madrugada del 05 de setiembre por un impacto de bala en la espalda, en la comunidad de Santa Rosa en el distrito de Balsapuerto.

Debido a la poca o nula acción de la fiscalía frente a los asesinatos de 14 pobladores en lo que va del año, la responsable de la parroquia Santo Tomas de Balsapuerto en compañía del Obispo Mons. José Luis Astigarraga se constituyeron personalmente al coordinador provincial del Ministerio Público para exigir su presencia en el lugar y proceder al levantamiento del cadáver con la finalidad de que se inicie una investigación y se detenga esta ola de asesinatos.

El viceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, denunció este lunes la matanza de 14 curanderos de una comunidad nativa de la Amazonía en los últimos 20 meses, presuntamente promovidos por un alcalde y fanático religioso.

En rueda de prensa, Otta dijo que la matanza de curanderos de la comunidad nativa Shawi "no puede quedarse en una situación de indiferencia y de omisión", motivo por el cual anunció su viaje a la zona esta semana para verificar las investigaciones realizadas hasta la fecha.

Las muertes de los curanderos, reconocidos en Perú como depositarios de conocimientos ancestrales, fueron denunciadas localmente hace varios meses en el distrito de Balsa Puerto, provincia Alto AmAZONAS,  en la región de Loreto, donde vive esta comunidad que es una de las 13 familias etno-ling ísticas SHAWI de la Amazonía.

"En el transcurso de los últimos 20 meses, que van desde el 2010 a la fecha, han sido asesinados 14 curanderos, siete oficialmente reconocidos por la fiscalía y otros siete que no son reconocidos legalmente" porque no han sido hallados los cuerpos, indicó el viceministro.

Otta indicó que recibió un reporte de la fiscalía de Yurimaguas, la ciudad más cercana a ese distrito, en el que se consignan los asesinatos de siete hombres, a quienes se identificaba en el pueblo como curanderos o "brujos", y que fueron muertos por disparos, acuchillamiento o cortes de machete.

La fiscalía también recogió el testimonio de un sobreviviente, Bautista Inuma, que recibió disparos en todo el cuerpo y sufrió la amputación de un brazo, y quien dijo haber sido confundido con un brujo por sus atacantes.

Inuma señaló al alcalde de Balsa Puerto, Alfredo Torres, y a su hermano Augusto Torres, llamado el "mata brujos", de intentar matarlo, después de escapar al ataque de cuatro personas.

El viceministro dijo que había disputas familiares, territoriales y de desavenencias políticas con el alcalde Torres que "lo sindican como uno de los promotores de las matanzas".

Por su parte, los presuntos responsables de las muertes han buscado que "se legitime en la comunidad el asesinato" de los curanderos al atribuirles el alto índice de mortalidad infantil por enfermedades bronquiales o endémicas, agregó Otta.

El aludido alcalde "es evangelista y al enterarse que se estaba formando una asociación de curanderos en Balsa Puerto este hecho habría provocado su ira", explicó el asesor del viceministerio Roger Rumrrill, investigador de las comunidades amazónicas.

"Para las sectas protestantes, los curanderos son sujetos poseídos por el demonio, lo cual es una concepción totalmente sectaria, primitiva y racista", manifestó Rumrrill.

A su turno, la directora de Inclusión de los Conocimientos Ancestrales, Grazia Ojeda, explicó que todas las denuncias están en proceso de investigación y que todavía no hay ninguna detención, motivo por el cual el gobierno ha decidido presentarse en la zona para interessarse por el tema.

El viceministro Otta añadió que su despacho trabajará para que se cumplan los mecanismos legales con el fin de "que los curanderos estén habilitados para formar parte del sistema de salud, de tal manera de que gocen del reconocimiento legal y de la protección del Estado".

Fuente: Diario El Pais 

Familias piden justicia


Documentación casos de asesinatos en el distrito de Balsapuerto,
Setiembre 2011



Segundo Pizango Inuma  es Presidente de  FECONACHA Federación de Comunidades Nativas Chayawitas

LEY Nº 29735

Que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LEY Nº 29735

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

 Ha dado la Ley siguiente:

 Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú

CAPÍTULO I

 Disposiciones generales

 Artículo 1. Objeto de la Ley

 1.1 La presente Ley tiene el objeto de precisar el alcance de los derechos y garantías individuales y colectivas que, en materia lingüística, se establecen en el artículo 48 de la Constitución Política del Perú.

 1.2 Todas las lenguas originarias son la expresión de una identidad colectiva y de una manera distinta de concebir y de describir la realidad, por tanto gozan de las condiciones necesarias para su mantenimiento y desarrollo en todas las funciones.

Artículo 2. Declaración de interés nacional 

Declárase de interés nacional el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del país.

Artículo 3. Definición de lenguas originarias 

Para los efectos de la aplicación de la presente Ley, se entiende por lenguas originarias del Perú a todas aquellas que son anteriores a la difusión del idioma español y que se preservan y emplean en el ámbito del territorio nacional.

Artículo 4. Derechos de la persona

4.1 Son derechos de toda persona:

 a) Ejercer sus derechos lingüísticos de manera individual y colectiva.

b) Ser reconocida como miembro de una comunidad lingüística.

 c) Usar su lengua originaria en los ámbitos público y privado.

 d) Relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad lingüística de origen.

 e) Mantener y desarrollar la propia cultura.

 f) Ser atendida en su lengua materna en los organismos o instancias estatales.

 g) Gozar y disponer de los medios de traducción directa o inversa que garanticen el ejercicio de sus derechos en todo ámbito.

 h) Recibir educación en su lengua materna y en su propia cultura bajo un enfoque de interculturalidad.

 i) Aprender el castellano como lengua de uso común en el territorio peruano.

 4.2 La titularidad individual de estos derechos no impide el ejercicio colectivo de los mismos.

De igual modo, el ejercicio de estos derechos no está supeditado a la aprobación del Mapa Etnolingüístico del Perú o el establecimiento del Registro Nacional de Lenguas Originarias, a que se refieren los artículos 5 y 8.

CAPÍTULO II Mapa Etnolingüístico del Perú

Artículo 5. Formulación

 5.1 El Ministerio de Educación es responsable de elaborar, oficializar y actualizar periódicamente, mediante decreto supremo, el Mapa Etnolingüístico del Perú, como herramienta de planificación que permite una adecuada toma de decisiones en materia de recuperación, preservación y promoción del uso de las lenguas originarias del Perú.

 5.2 El Mapa Etnolingüístico del Perú determina el número de comunidades campesinas o nativas que pertenecen a un grupo etnolingüístico. Para determinar el número de personas que hablan lenguas originarias, el Ministerio de Educación establece, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los procedimientos necesarios para realizar los análisis cualitativos y cuantitativos y determinar el carácter predominante de una lengua originaria.

Artículo 6. Criterios

 6.1 Para determinar el carácter predominante de una lengua originaria, son criterios cualitativos:

 a) Los vínculos históricos de un distrito, provincia o región, según sea el caso, con una lengua originaria.

 b) La identificación personal y social de los ciudadanos con una lengua originaria y su percepción de la misma como bien cultural.

 c) El interés de la persona de emplear la lengua originaria como el mejor vehículo de expresión ciudadana.

 6.2 De igual modo, son criterios cuantitativos:

 a) La concentración espacial de ciudadanos que hablan una lengua originaria en un distrito, una provincia o una región.

 b) Los recursos humanos de los que se dispone en un distrito, una provincia o una región para implementar una lengua originaria como oficial.

 6.3 El Ministerio de Educación pondera los criterios cualitativos y cuantitativos teniendo como principio general la extensión permanente de los derechos a la igualdad idiomática, la identidad y la dignidad cultural de todos los ciudadanos del país, el resguardo del principio que ampara la igualdad de oportunidad entre ellos y la eliminación de las desventajas derivadas de la discriminación a las lenguas originarias.

Artículo 7. Zonas de predominio

Son zonas de predominio, para efectos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política del Perú, el distrito, como unidad mínima, la provincia o la región.

Artículo 8. Registro Nacional de Lenguas Originarias

 8.1 El Ministerio de Educación, en coordinación con el Instituto Nacional de Cultura (INC), implementa el Registro Nacional de Lenguas Originarias, en donde registra las lenguas originarias contenidas en el Mapa Etnolingüístico del Perú, especificando en qué ámbitos, distrital, provincial o regional, son predominantes.

 8.2 Las lenguas originarias que se inscriben en el Registro Nacional de Lenguas Originarias constituyen Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

 8.3 En el Registro Nacional de Lenguas Originarias deben constar las lenguas extintas y aquellas que se encuentran en proceso de erosión o peligro de extinción.

CAPÍTULO III

Idiomas oficiales

Artículo 9. Idiomas oficiales

 Son idiomas oficiales, además del castellano, las lenguas originarias en los distritos, provincias o regiones en donde predominen, conforme a lo consignado en el Registro Nacional de Lenguas Originarias.

Artículo 10. Carácter oficial

 El que una lengua originaria sea oficial, en un distrito, provincia o región, significa que la administración estatal la hace suya y la implementa progresivamente en todas sus esferas de actuación pública, dándole el mismo valor jurídico y las mismas prerrogativas que al castellano. Los documentos oficiales que emite constan tanto en castellano como en la lengua originaria oficial, cuando esta tiene reglas de escritura, teniendo ambos el mismo valor legal y pudiendo ser oponibles en cualquier instancia administrativa de la zona de predominio.

CAPÍTULO IV

Promoción, conservación, recuperación y uso de las lenguas originarias del Perú

Artículo 11. Política nacional

 11.1 Por decreto supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, se aprueba la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad. Su diseño, formulación e implementación cuenta con la participación de las organizaciones de representación de los pueblos originarios, andinos y amazónicos reconocidas.

 11.2 Los planes, programas y acciones públicas que se formulan y ejecutan deben concordarse con las políticas nacionales de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad; de Educación Intercultural y Bilingüe; y de Educación Rural.

Asimismo, toman en cuenta los contextos socioculturales existentes a nivel regional y local.

Artículo 12. Lineamientos de la política nacional

 La Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad se sustenta en los siguientes lineamientos:

 a) Las tradiciones y expresiones orales, incluida la lengua, son vehículos del patrimonio cultural inmaterial.

 b) La lengua es el fundamento de la tradición oral y de la identidad cultural.

 c) Las lenguas originarias constituyen patrimonio cultural inmaterial de los pueblos originarios del Perú.

 d) Todas las lenguas originarias están en igualdad de derechos.

 e) El Estado, a través de las instancias sectoriales correspondientes, garantiza la multifuncionalidad de las lenguas originarias y su calidad de patrimonio cultural inmaterial e integra su salvaguardia en los programas de planificación educativa, cultural y de investigación.

 f) El proceso de elaboración de políticas lingüísticas se realiza con la participación de las organizaciones de representación de los pueblos originarios y la sociedad en su conjunto, aportando al desarrollo e implementación de la educación bilingüe intercultural en el Sistema Educativo Nacional.

 g) El Estado asegura, a través de los programas estatales de educación primaria, secundaria y universitaria, el derecho de todas las personas a hablar una o más lenguas originarias; y el de quienes tienen como lengua materna una lengua originaria puedan aprender el castellano, sin que ello implique el reemplazo de una lengua por otra.

 h) El Estado, a través de sus medios de comunicación, promueve y difunde programas en lenguas originarias, así como campañas orientadas a rescatar y revalorar las tradiciones, expresiones orales y patrimonio oral del país.

Artículo 13. Políticas regionales

 13.1 Los gobiernos regionales, mediante ordenanza y dentro del marco de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad, aprueban sus propias políticas regionales de lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad.

 Su diseño, formulación e implementación se realiza con el mismo procedimiento establecido para la política nacional.

 13.2 Los planes, programas y acciones públicas que se formulan y ejecutan, deben concordarse con las políticas regionales de lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad.

Artículo 14. Lenguas originarias en erosión y peligro de extinción

 14.1 En el marco de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad se deben identificar las causas que generan la erosión progresiva y la extinción del patrimonio oral, así como prever las medidas necesarias para evitar la pérdida definitiva de las lenguas originarias.

 14.2 Las lenguas originarias en peligro de extinción reciben atención prioritaria en los planes, programas y acciones públicas de planificación lingüística, orientados a rescatar dichas lenguas.

 14.3 El Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y las universidades promueven y priorizan, la investigación y difusión de lenguas originarias en peligro de extinción.

Artículo 15. Uso oficial

 15.1 El Estado promueve el estudio de las lenguas originarias del Perú, procurando reforzar su uso en el ámbito público.

 15.2 Las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos implementan, de modo planificado y progresivo, políticas y programas de capacitación o contratación para que en las zonas del país donde una lengua originaria sea predominante sus funcionarios y servidores públicos, así como los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú se puedan comunicar con suficiencia en esa lengua.

15.3 Las entidades públicas implementan progresivamente la publicación, en sus respectivas páginas web o portales, de las normas legales de su ámbito que incidan directamente en el quehacer de los integrantes de los pueblos originarios, en forma escrita y oral, en sus lenguas originarias; asimismo, difunden las normas que afectan derechos o establecen beneficios a favor de las comunidades, a través de los mecanismos orales o escritos, que resulten idóneos, según cada caso concreto.

Artículo 16. Enseñanza

 El Estado garantiza y promueve la enseñanza de las lenguas originarias en la educación primaria, secundaria y universitaria, siendo obligatoria en las zonas en que son predominantes, mediante el diseño e implementación de planes, programas y acciones de promoción y recuperación de las lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad.

Artículo 17. Medidas contra la discriminación

 El Estado implementa medidas efectivas que impidan la discriminación de las personas por el uso de las lenguas originarias.

Artículo 18. Recopilación y publicación de investigaciones

 El Estado promueve la investigación, el conocimiento y la recuperación de las lenguas originarias, así como la publicación de investigaciones y recopilaciones de literatura y tradición orales, en ediciones bilingües, a través de las instituciones nacionales de investigación, como medio para preservar el sistema del saber y conocimientos tradicionales y la cosmovisión de los pueblos originarios.

Artículo 19. Toponimia

 El Instituto Geográfico Nacional mantiene las denominaciones toponímicas en lenguas originarias en los mapas oficiales del Perú.

Artículo 20. Mecanismos de consulta y participación ciudadana

 20.1 En el desarrollo de proyectos de inversión en tierras de comunidades campesinas o comunidades nativas, los mecanismos de consulta y participación ciudadana se realizan en la lengua originaria que predomina en dicha zona.

 20.2 Todas las comunidades campesinas o nativas tienen el derecho a solicitar que los acuerdos, convenios y toda aquella información o documentación que se les entrega, distribuye o deben suscribir esté en español y en su lengua originaria, siempre que ello sea factible.

CAPÍTULO V

Normalización lingüística

Artículo 21. Reglas de escritura uniforme

 21.1 El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Intercultural y Bilingüe y la Dirección de Educación Rural, proporciona asistencia técnica, evalúa y oficializa las reglas de escritura uniforme de las lenguas originarias del país.

 21.2 Las entidades públicas emplean versiones uniformizadas de las lenguas originarias en todos los documentos oficiales que formulan o publican.

CAPÍTULO VI

Lenguas originarias en la educación intercultural bilingüe

Artículo 22. Educación intercultural bilingüe

 Los educandos que poseen una lengua originaria como lengua materna tienen el derecho a recibir una educación intercultural bilingüe en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, incluyendo los que se encuentran en proceso de recuperación de su lengua materna.

Artículo 23. Alfabetización intercultural Los programas de alfabetización en zonas rurales andinas y amazónicas se implementan mediante la modalidad intercultural bilingüe.

Artículo 24. Sensibilización sobre la pluriculturalidad

 Los materiales de estudio, los programas de enseñanza y capacitación profesional, así como los programas que emiten los medios de comunicación deben difundir el patrimonio y la tradición oral del Perú, como esencia de la cosmovisión e identidad de las culturas originarias del país, a fin de sensibilizar sobre la importancia de ser un país pluricultural y multilingüe y fomentar una cultura de diálogo y tolerancia.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA. Anualmente, el Ministro de Educación informa en las comisiones ordinarias competentes en los temas de pueblos originarios y educación del Congreso de la República sobre los objetivos y logros en la aplicación de la presente Ley.

SEGUNDA. El Ministerio de Educación realiza las acciones necesarias a fin de contar con un mapa etnolingüístico actualizado y aprobado por decreto supremo, a más tardar el 31 de diciembre de 2011.

TERCERA. El Ministerio de Educación comunica a la Presidencia del Consejo de Ministros y, por intermedio de esta, al Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justicia de la República y a los titulares de todos los organismos constitucionalmente autónomos respecto de los distritos, provincias o regiones en donde, conforme al Registro Nacional de Lenguas Originarias, además del castellano hay una o más lenguas originarias oficiales. La Presidencia del Consejo de Ministros oficializa las lenguas oficiales mediante decreto supremo con carácter declarativo.

El uso de tales lenguas como oficiales no está supeditado a la existencia de norma legal alguna, sino a su inscripción en el Registro Nacional de Lenguas Originarias.

CUARTA. Deróganse el Decreto Ley 21156, Ley que Reconoce el Quechua como Lengua Oficial de la República, y la Ley 28106, Ley de Reconocimiento, Preservación, Fomento y Difusión de las Lenguas Aborígenes.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de sesenta días calendario contado a partir de la vigencia de la presente Ley, aprueba las normas reglamentarias necesarias para su aplicación.

POR TANTO:

 Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto aprobado en sesión del Pleno realizada el día veintitrés de junio de dos mil diez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los dos días del mes de julio de dos mil once.

CÉSAR ZUMAETA FLORES

Presidente del Congreso de la República

ALDA LAZO RÍOS DE HORNUNG

Segunda Vicepresidenta del Congreso de la República

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Conferencia Episcopal Peruana: Cuidar la casa de todos

Invocación del Presidente de la Conferencia Episcopal y de los Obispos de los Vicariatos Apostólicos de la Amazonía Peruana

Hermanas y hermanos, como pastores de la Iglesia Católica, hacemos nuestra la gran preocupación suscitada por la reciente publicación de los Decretos de Urgencia N° 001–2011 y N° 002–2011, por parte del Poder Ejecutivo, en base a las facultades extraordinarias que le otorga la Constitución, a través de los cuales se dictan disposiciones especiales para facilitar la aplicación de 33 proyectos de inversión en nuestro país. Estos decretos de urgencia están destinados a exonerar del estudio de impacto ambiental a estos proyectos de inversión como requisito previo para la obtención de autorizaciones administrativas.

La Iglesia, como Madre y Maestra, jamás estará en contra de todo aquello que suponga sumar esfuerzos para alcanzar el bienestar de peruanos y peruanas. Es tarea nuestra -como nos lo han recordado nuestros hermanos del Episcopado Latinoamericano y Caribeño en Aparecida- cuidar la casa común, pues los recursos naturales se pueden agotar y corremos el riesgo de administrar miseria, llanto y desolación (Aparecida, 474).

La respuesta que damos se debe a la insistencia de numerosos fieles sobre la necesidad de los estudios de impacto ambiental, requisito fundamental para toda actividad extractiva y energética, a fin de conocer las graves consecuencias que un mal manejo ambiental podría tener para la población y nuestra diversidad de ecosistemas.

En los últimos años, como pastores hemos asistido a distintas solicitudes de mediación entre las comunidades y el Estado, a fin de evitar situaciones de violencia producto de la agudización de los conflictos sociales. En ellos, quien más pierde es el más pobre, cuya marginación es clamorosa.

Sabemos que desde el mes de diciembre pasado, hay más de 200 conflictos sociales, la tercera parte de ellos vinculados al manejo del agua y recursos hídricos. Es preocupante que estos decretos puedan convertir la exigencia de los estudios de impacto ambiental en un requisito administrativo no obligatorio.

El agua, el aire, la tierra, son elementos esenciales de esa naturaleza gratuita que Dios nos ha otorgado generosamente. Los conflictos sociales se pueden prevenir y evitar si actuamos a tiempo. El desarrollo requiere el respeto a nuestra tierra y su gente (Cfr. Populorum Progessio, 20). Si queremos la paz, cuidemos la creación, nos dijo el Papa Benedicto XVI en su mensaje del 1 de enero de 2010. Estamos comprometidos en esa tarea.

Lima, 4 de febrero de 2011

(Firmas del Presidente de la Conferencia Episcopal y de los obispos de los vicariatos apostólicos de la Amazonía peruana presentes en el IV Encuentro de la Pastoral Indígena)

■Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM., Arzobispo de Trujillo y Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
■Monseñor Gerardo Zerdin OFM., Obispo del Vicariato Apostólico de San Ramón
■Monseñor Francisco González OP., Obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado
■Monseñor José Luis Astigarraga CP., Obispo del Vicariato Apostólico de Yurimaguas
■Monseñor Santiago García de la Rasilla SJ., Obispo del Vicariato Apostólico de Jaén
■Monseñor Gaetano Galbusera SDB., Obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa
■Monseñor Alberto Campos OFM., Obispo del Vicariato Apostólico de San José del Amazonas
■Monseñor Juan Tomas Oliver, OFM., Obispo del Vicariato Apostólico de Requena

Los pueblos indígenas tienen el DERECHO a la Consulta Previa

Los conflictos sociales están aumentando en todo el país. El gobierno nacional está concesionando las tierras y territorios de los pueblos indígenas sin consultarles previamente, agudizando aún más el conflicto social.

Los pueblos indígenas le exigen al gobierno nacional que respete y cumpla el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que firmó el Perú. En la actualidad en el Congreso de la República se está debatiendo un proyecto (elaborado por las organizaciones indígenas) para una Ley de Consulta de Previa a los Pueblos indígenas.

Este 14 de abril las comunidades, especialistas y representantes del sector privado tendrán la oportunidad de dar a conocer sus propuestas sobre cómo debe hacerse la consulta previa.

Ese día en el Hotel Sheraton de Lima se realizará el Foro-Debate Internacional: El Derecho de los Pueblos Indígenas en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos.

Más información en www.aprodeh.org.pe

Respetemos el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su futuro

Informe final sindica a Mercedes Cabanillas como responsable de Baguazo

Un memorándum policial citado en el informe final sobre los hechos de violencia de Bagua expuso la responsabilidad del Poder Ejecutivo en el operativo que terminó con la muerte de 34 personas el pasado 5 de junio. (Imagen: alanperu.net)

El controversial informe, que fue presentado el pasado martes, indica que los efectivos policiales no podían accionar si la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, no tomaba las decisiones.

Diversas fuentes indicaron que una de las razones del trágico desenlace de 33 muertos, un policía desaparecido y más de 200 heridos “se debió a la forma violenta y desproporcionada en que la policía desalojó a los manifestantes indígenas”.

Cabe mencionar que los pobladores nativos llevaban varios días de protesta contra un conjunto de decretos legislativos promulgados por el Poder Ejecutivo que afectaban sus derechos constitucionales.

En aquel entonces, Cabanillas negó en todos los tonos que hubiera dado la orden del violento desalojo en la curva del Diablo, insistiendo en que todo estaba en manos del mando policial.

Sin embargo, en el informe final de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua, al que tuvo acceso IPS, se consigna el memorándum múltiple N° 711-2009-DIRIGEN PNP, del 3 de junio de 2009, en el que se señala que la policía estaba obligada a informar a la ministra sobre sus operaciones para que tomara la decisión correspondiente.

Según el informe, el memorándum fue dirigido al general de la Policía Nacional, Luis Muguruza Delgado, a cargo de la Dirección de Operaciones (DIROES), en el que se le comunica que se hará cargo de las acciones en Bagua y que “deberá informar permanentemente respecto al avance del planeamiento y operaciones realizadas, para conocimiento de este Comando y la Sra. Ministra del Interior, para la toma de decisiones”.

Servindi

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Racismo en el Perú Recomendaciones

Foro Público
EL RACISMO EN EL PERÚ

Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Jueves 12 de noviembre en la casona de San Marcos. Ingreso libre.

TRANSMISIÓN EN VIVO

EL RACISMO EN EL PERÚ
Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
Esta noche de 6:30 a 9:00 p.m.
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CAOI y CONACAMI Presentan propuestas para atender las recomendaciones del CERD de Naciones Unidas

CAOI y CONACAMI presentan propuestas para atender las recomendaciones del CERD de Naciones Unidas

En conferencia de prensa ofrecida al mediodía de hoy en la sede la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) presentaron sus propuestas respecto a las recomendaciones formuladas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas al Estado peruano.

Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de CAOI, dijo que el CERD emitió 33 recomendaciones, de las cuales 25 se refieren a los pueblos indígenas. Una de las más importantes es la necesidad de promulgar una Ley Orgánica sobre el tema. "Nuestra propuesta es que se dé ese rango de ley a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU", señaló Palacín.

Recordó que en marzo de este año CAOI y CONACAMI presentaron una demanda contra el Estado peruano por racismo y discriminación, sustentada en los artículos de la serie "El síndrome del perro del hortelano" publicados por el Presidente Alan García en el diario El Comercio; y en la emisión del paquete legislativo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que vulnera los derechos indígenas.

Esta denuncia formó parte de las preguntas formuladas por el CERD al Estado peruano en su 75 Sesión de evaluación, reunida en Ginebra, Suiza, el 3 de agosto, a la cual asistió también el Ministro de Justicia Aurelio Pastor, "quien no respondió a las preguntas de los expertos ni explicó por qué el Estado peruano demoró diez años en presentar su informe ante este organismo". En la misma Sesión participó Miguel Palacín, quien entregó un informe alternativo elaborado por CAOI y CONACAMI.

El resultado fue el documento de recomendaciones del CERD, entre las cuales está la de promulgar una Ley sobre la Consulta y el Consentimiento Previo, Libre e Informado. Palacín indicó que hay dos proyectos, uno presentado por las organizaciones indígenas y otro por la Defensoría del Pueblo. Se trata de que el Congreso dé prioridad a su debate y aprobación, porque las concesiones mineras y petroleras en territorios indígenas nunca han sido consultadas. Y la inconstitucionalidad de los decretos legislativos del TLC radica también esa ausencia de consulta.

Otra importante recomendación es la de implementar la Comisión Especial que investigue la Masacre de Bagua, que forma parte del informe emitido por el Relator Especial para Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, al término de su visita al Perú. "Estaremos alertas para que las conclusiones de esta Comisión sean objetivas, a fin de determinar responsabilidades y diseñar políticas para garantizar el respeto a los derechos humanos y derechos colectivos de los pueblos, como único camino para reconstruir la confianza que ha sido arrasada por la actitud del gobierno", advirtió el Coordinador General de la CAOI.

Anunció también que del 12 al 16 de octubre se desarrollará la Minga Global por la Madre Tierra, una movilización mundial que dará la respuesta de los pueblos indígenas y los movimientos sociales al problema del calentamiento global. En la misma dirección, como parte de esta Minga, se constituirá en Cochabamba, Bolivia, el Primer Tribunal de Justicia Climática, para juzgar moralmente a las transnacionales que violentan los derechos de la Madre Naturaleza y de los Pueblos.

Por su parte, Mario Palacios Panez, Presidente de CONACAMI, dijo que las recomendaciones del CERD evidencian que en el Perú hay una discriminación racial estructural. "El Estado, sus gobernantes, la sociedad misma, desarrollan una política sistemática de discriminación, por ello el CERD acoge nuestra demanda", subrayó.

Destacó la necesidad de implementar la Ley de Consulta, para garantizar el consentimiento previo, libre e informado, que es un derecho de los pueblos indígenas. De la explotación de recursos naturales sin consulta es que devienen los conflictos. Y el CERD ha expresado su preocupación por la exacerbada conflictividad que genera el Estado con los pueblos indígenas. El CERD –precisó- ha puesto énfasis en los impactos producidos por las empresas extractivas en los territorios y en la salud de los pueblos indígenas.

Anunció que CAOI, CONACAMI y AIDESEP harán un seguimiento de estas recomendaciones y se reunirán para acordar una estrategia que garantice su cumplimiento.

Palacios Panez se refirió también a la firma del contrato con Pluspetrol para la explotación de un lote que está superpuesto a una reserva territorial indígena: "los contratos no solo se superponen a reservas y territorios indígenas, esto es algo que hace años lo venimos denunciando. Es una política del gobierno otorgar concesiones y estamos preparando una demanda contra las concesiones de minería en el ande y de petróleo en la amazonía. El Estado vulnera derechos porque no nos consulta, vulnerando el Convenio 169 de la OIT".

El Presidente de CONACAMI anunció también que el 17 y 18 de este mes se reunirá la Cumbre Alternativa Andina Amazónica, paralela a la 29 Convención Minera. Allí se examinarán las concesiones mineras y petroleras en el Ande y la Amazonía, y se tomará acuerdos para lograr la constitucionalización de los derechos indígenas: territorio, recursos naturales, consulta, lengua propia, etc. Las propuestas que de allí emanen serán entregadas a la Convención Minera y a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Finalmente, Miguel Palacín se refirió al Instituto de Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, Andinos y Afroperuanos (INDEPA): "este instituto es una creación de los pueblos indígenas, que durante muchos años reclamamos que el estado cree una institución, porque no podíamos estar recorriendo 14 ministerios para gestionar nuestros derechos. El INDEPA debe tener una representación de 50% de los pueblos y 50% del Estado. Desde hace dos años, nuestra representación no se renueva y Alan García ha relegado este instituto a una oficina del Ministerio de la Mujer. No tiene presupuesto, asistencia técnica ni consejo de gobierno; se ha convertido en una oficina de trámites electorales del Partido Aprista. Las organizaciones indígenas convocaremos a elecciones de nuestros representantes, para que el INDEPA se fortalezca y cumpla el rol para el que fue creado", concluyó.

Fuente: Sudamérica Rural

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Pueblos indígenas presentan denuncia contra el Gobierno peruano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas

CONACAMI, en conjunto con la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), presentó el 3 de agosto de 2009 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD-ONU) el informe alternativo de las organizaciones indígenas frente al informe oficial presentado por el gobierno peruano a este organismo (1).

El Informe Alternativo de las organizaciones indígenas prueba la política de discriminación y racismo que desarrolla sistemáticamente el gobierno peruano, desde el propio presidente Alan García Pérez, a través de sus artículos “El perro del hortelano” y calificaciones de “ciudadanos de segunda categoría” a los indígenas.

La denuncia sustentada por representantes indígenas andinos y amazónicos tuvo repercusión en los diferentes representantes de la opinión pública peruana. El analista político y ex- congresista de la República, Javier Diez Canseco, señaló que “el Perú “celebrará” este Día Internacional de las PPII con el presidente García –representado por su Ministro de Justicia– sentado en el banquillo del CERD, a efectos de responder las 29 preguntas que han llevado a Pastor a Ginebra con una corte de asesores (1). En similar perspectiva, el reconocido psicoanalista, Jorge Bruce, sugirió que los hechos de Bagua insten a replantear las acciones del Gobierno, así es “esencial que nuestras autoridades tomen conciencia de su espléndido aislamiento. Los sucesos de Bagua han recibido una atención mundial que trasciende las repercusiones en las inversiones, al parecer lo único que preocupa al Gobierno y sus “Tribunas” de la prensa (2).

Sin embargo, las acciones del gobierno en Ginebra parece ir en contravía. Durante la semana de la presentación, la noticia que llegó de Ginebra es que el representante del gobierno intentó acallar la sustentación que realizaba Daysi Zapata, vice- presidenta de AIDESEP, en el auditorio de la ONU. ¿Simple actitud reactiva? ¿Intolerancia política? La denuncia apunta a tener una lectura sobre la sistemática violación de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú, y que tiene en los sucesos de Bagua, la expresión, jurídica, económica, cultural y simbólica. Así, el impacto de la voz autónoma de los líderes de las comunidades en Ginebra, abrió reflexiones en las distintas posiciones políticas en el país.

En Lima, AIDESEP, CONACAMI, CAOI, CNA, con el apoyo del PDDI y otras instituciones, realizó una conferencia de prensa explicando a los medios las razones de la demanda. Tanto en Ginebra como en Lima, la denuncia era sentida por los diferentes sectores de la sociedad.

Fuente: Defensa Indígena, Lunes, 17 de Agosto de 2009

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Entrevista a Róger Rumrril, experto en temas amazónicos

"Estamos frente a una alianza que va a marcar época en la historia de la Amazonía"

Muchos hasta ahora no entienden por qué tuvo que suceder tantas muertes en Bagua para que recién el gobierno diera un paso al costado y derogara las leyes, muchos señalan que no entienden el motivo de esta pelea entre peruanos. La Región conversó con Róger Rumrril, experto en temas amazónicos, él explicó las causas de esta lucha que hasta el momento no cesa en algunas comunidades.

LR: ¿Señor Rumrril, cuál es el inicio de todo este problema, que mucha gente no entiende?
Dr. Esta historia empezó en el año 2008, los indígenas hicieron una movilización para que se derogue dos leyes, la 1020 y la 1074, en agosto del año pasado el Gobierno tuvo que admitir que se había equivocado y derogó los decretos legislativos mencionados porque los indígenas consideraban que esos dos decretos legislativos eran una amenaza para sus territorios.

Luego de la derogatoria de los dos decretos en agosto del año pasado se nombró una comisión multipartidaria presidida por Gloria Ramos para examinar y opinar sobre los otros decretos legislativos, ellos trabajaron cinco meses y en diciembre emitió su informe señalando que los decretos legislativos eran anticonstitucionales, porque vulneraban la constitución de la república, porque vulneraban el convenio 169 de la OIT y vulneraban la declaración de los derechos de los indígenas.

Fue ahí donde el presidente del Congreso en vez de poner en debate en el Pleno estas conclusiones, lo guardó bajo 7 llaves, lo ocultó y recién sacó el informe cuando otra vez empezó la movilización indígena a partir de mayo de este año, pero en vez de derogarlos, el pleno los pasó a la comisión de constitución que preside un congresista aprista loretano, José Augusto Vargas.

Aquí claramente se vio una estrategia de dilatar la solución, aparecieron otros informes más señalando que estas normas eran anticonstitucionales, por ejemplo el informe del famoso constitucionalista Antonio Francisco Aiguigure Praeli, un informe del CAP, un informe de la comisión de Pueblos Andinos amazónicos afroperuanos, es decir varios gremios se pronunciaron por la inconstitucionalidad de estos hechos.

LR: ¿Pero cuál fue la mecha que prendió el fuego en este tema?
Dr. Fue el 04 de este mes, debido a la presión de la lucha indígena, la presión de la opinión pública y la presión internacional, el Congreso decide discutir en el pleno la derogatoria de la 1090, que es la ley forestal, entra a la agenda del día y el Apra utiliza un ardid; el secretario general del Apra, Mauricio Mulder, propone una cuestión previa, que el debate sobre la 1090 se suspenda, sea diferida hasta que salga el informe de la mesa de diálogo que se había instalado.

Ese día yo recuerdo que las organizaciones, en Bagua, en Yurimaguas, en Atalaya, en Madre de Dios, estaban esperando, escuchando sus radios, porque les habían dicho que ese día el congreso iba a derogar la 1090, ellos estuvieron esperando esa noticia, es más habían decidido que una vez derogada la ley, iban a suspender la huelga, sin embargo en vez de proceder a la derogación, lo que hizo el Congreso, tras el pedido del aprista Mauricio Mulder, es diferir a las calendas griegas, pasar otra vez a la comisión de constitución y esperar el informe de la mesa de diálogo, ahí empieza la rebelión, quien pateó el tablero fue el Congreso, no los indígenas.

LR: ¿Cree que si ese día se habría derogado las leyes no habría ocurrido estos lamentables hechos?
Dr. Por supuesto, fue un error del gobierno, ya que una vez que escucharon las noticias los indígenas se encresparon, se resintieron y radicalizaron su medida, ya que ellos lo consideraron como una burla, eso fue el 4; el 5 el Gobierno ordena el desalojo de la Curva del Diablo y ocurre la tragedia, por un lado el enfrentamiento entre policías e indígenas que están controlando la carretera.

Por otro lado en la estación petrolera estaban los indígenas que tenían a los policías como rehenes, ellos estaban conviviendo pacíficamente pero en ese momento los indígenas escuchan por la radio que acaban de morir varios nativos en la curva del diablo, considerándolo como una traición, es ahí donde matan a los policías.

El culpable de esta tragedia fue el gobierno, que no cumplió con esta tarea, el hecho de que después derogara significa que pudieron evitar la tragedia, para mi hubo una irresponsabilidad en el tratamiento de este tema que no duró 60 días, sino duró meses, ya que en diciembre la comisión multipartidaria emite su informe señalando que todos estos decretos eran anticonstitucionales.

LR: ¿A pesar de que ahora se ha derogado las leyes que ellos pedían, en algunas comunidades aún no se levanta la huelga, qué es lo que quieren ahora?
Dr. Sólo se ha derogado un par de todo un conjunto de 100, ellos también están pidiendo que en el grupo de desarrollo que se formó para la negociación se revisen las demás leyes, han pedido también el levantamiento del Estado de Emergencia. Piden también, así como el gobierno ha compensado y reconocido la tragedia con los policías, es lógico también que estos reconocimientos se den a los indígenas, ellos tienen derechos a que se le compense por esta tragedia.

LR: ¿Cuáles son las otras negociaciones que los nativos quieren?
Dr. El primer punto tiene que ver con tierra y territorio, es decir el reconocimiento absoluto de sus derechos sobre sus tierras, lo que significa es que el primer planteamiento es una reforma constitucional de 1993, en la cual se borró las garantías de las tierras indígenas.

La reforma tiene que volver a poner en la constitución la condición de inembargables a los territorios indígenas, indescriptibles, no pueden ser vendidos, estas son las tres garantías que ellos van a exigir en una reforma constitucional, además están planteando acciones concretas con relación a educación y salud un sistema educativo que incluya el conocimiento indígena, un sistema educativo bilingüe intercultural, son las cosas más concretas. Están pidiendo también que cese la persecución con los indígenas que es una persecución muy dura y que se libere a los que están en las cárceles de Chiclayo y Chachapoyas.

LR ¿Cuándo cree que vuelva la paz en la Amazonía?
Dr. La paz va a volver cuando el Estado cumpla sus obligaciones con los pueblos indígenas, el estado ha reconocido a medias, por un lado el discurso del presidente que hace un mea culpa que ellos han tenido la irresponsabilidad de no dialogar, de no consultar, de haber vulnerado la 169. Ellos también están pidiendo que el Congreso apruebe los mecanismos de consulta.

Ellos también están pidiendo seguridad sobre las tierras comunales, entonces el gobierno tiene que cumplir todos los planteamientos que están en la propuesta de diálogo, que no son nada del otro mundo, los indígenas están pidiendo lo que se ajusta la ley, una vez que el gobierno cumpla ahí vendrá la paz.

LR. ¿Cuál es el punto más importante en todo este tema?
Dr. La masacre de Bagua produce una nueva fuerza, Arpi se había separado de Pizango, esa base estaba dirigida por Lidia Rengifo una líder ashaninka, después que se produce la masacre en Bagua esa base que estuvo en contra de Pizango vuelve a juntarse con Aidesep, deciden sumarse a la lucha y toman la carretera a Tarma y anuncian que si el gobierno no atiende ellos harían una marcha y tomarían la carretera central a la Oroya.

La toma de la carretera de la Merced a Tarma hubiera significado cerrar el abastecimiento de Lima en un 70%, es en ese momento que el gobierno decide mandar a Yehude Simon. El momento cumbre de la batalla ganada se da en la selva central gracias a que Arpi se suma a la lucha y gracias a que los colonos se suman, estamos frente a una alianza que va a marcar época en la historia de la Amazonía. (JPG)

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BAGUA: AWAJÚNS Y WAMPÍS PRESENTAN “LLAMAMIENTO URGENTE” A REPRESENTANTES DE NACIONES UNIDAS

Bagua Grande, 19 de Junio de 2009.- La Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), organización indígena local afiliada a AIDESEP, presentó este jueves ante representantes de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Derechos Humanos y de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, una solicitud de Llamamiento Urgente a fin de evitar daños inminentes e irreparables a la continuidad existencial de dichos pueblos ancestrales producidos por actividades mineras inconsultas en la Cordillera del Cóndor.

En sesión especial y privada, la solicitud fue expuesta por una comitiva de seis Apus que llegaron desde el lejano distrito del Cenepa para dar encuentro al Relator Especial James Anaya en la ciudad de Bagua Grande, en el marco de su visita para investigar los luctuosos sucesos ocurridos el pasado viernes 05 de junio así como los factores que los causaron.

En su solicitud, los peticionantes afirman que

“no obstante los llamados a la reconciliación oficiales y el anuncio de la derogatoria de dos de los nueve decretos legislativos impugnados por la protesta indígena, los gravísimos sucesos acaecidos en Bagua desafortunadamente han reafirmado una tendencia general de creciente distanciamiento y desconfianza entre los pueblos indígenas Awajún y Wampís y el Estado que podrían originar nuevos episodios de confrontación salvo que ambas partes implementen mecanismos de diálogo basados en la buena fe e inicien un auténtico y sistemático proceso de reconciliación”.

Ello, toda vez que dicha derogatoria

“aún no desactiva sustancialmente las causas de la conflictividad las cuales se encuentran en una prolongada historia de violación de derechos humanos integrales de los indígenas y en un desconocimiento institucionalizado de sus derechos colectivos”.

Asimismo, denuncian al Estado peruano por incumplir sus obligaciones de proteger los territorios indígenas, de violar sus derechos a participar de las decisiones que les afecten relativas al modelo de desarrollo promovido por el Estado así como el derecho a ser consultados de manera previa en el otorgamiento de concesiones mineras cuya explotación contaminará irreversiblemente las cabeceras de cuenca de las que dependen las comunidades Awajún y Wampís para su vida material y espiritual.

Como se recordará, en 2007 el actual Gobierno desconoció unilateralmente un acuerdo logrado entre el INRENA y los pueblos Awajún y Wampís para categorizar el Parque Nacional Ichigkat Muja, recortándolo a la mitad de su extensión con la finalidad de concesionar el área libre a favor de empresas mineras que mantienen millonarios contratos con empresas canadienses, en violación del artículo 71 de la Constitución que prohíbe a extranjeros poseer minas dentro de 50 Km. de la frontera y a pesar de que el propio Ministerio de Agricultura reconoció que

“cualquier actividad que se desarrolle va a alterar el régimen hídrico de la cuenca y afectar el caudal ecológico, poniendo en riesgo la conservación de la biodiversidad y la disponibilidad de recursos para las partes bajas de la Cordillera” donde habitan ancestralmente estos pueblos.

Enviado por: Marco Huaco. Abogado. Bagua Grande, con el ruego de su difusión.
@Fotografías: Carlos Necochea F. (Diario El Comercio). Ver Slide Fauna del parque.

Datos

El parque nacional Ichigkat Muja, en lengua Awajun (Árbol de la Montaña), zona de biodiversidad de la Cordillera del Cóndor, fué creado en setiembre del 2007, la propuesta era intangibilizar 153 mil hectáreas, pero solo se demarcaron 88.477 Ha. Las cumbres que se levantan entre los 500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, están constantemente cubiertas por una densa neblina y son atravesadas por diversos ríos entre ellos el Santiago, Cenepa y Comaina. Estos ríos son fuentes de agua limpia para los Awajún y Wampis, quienes basan parte de su dieta alimenticia, desde tiempos ancestrales, en la carne del ave nocturna guácharo (Steatornis caripensis). escenario del último conflicto bélico con Ecuador, por lo que se le conoce también como "Parque para la Paz y la Conservación de la Cordillera del Cóndor".

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