sábado, 26 de junio de 2010

Nuevas áreas de conservación protegerán cerca de 120 mil hectáreas de bosques en San Martín

“Ojos de Agua” y los bosques comunales “El Breo” son las nuevas áreas de conservación

Por primera vez un gobierno regional otorga concesiones para conservación. Ese es el caso de “Ojos de Agua”, ubicada en Pucacaca y Caspizapa, y los bosques comunales “El Breo”,  que se encuentran en los distritos de Huicungo y Pachiza, provincia de Mariscal Cáceres, en la región San Martín, cuyas autoridades recibieron la transferencia de funciones sobre concesiones el pasado mes de noviembre.

La flamante concesión ‘Ojos de Agua’, que posee una extensión de 2,413 hectáreas, es una iniciativa de la Asociación “El Bosque del Futuro – Ojos de Agua”. El área se encuentra ubicada en la zona de vida de Bosque Seco Tropical.
Se espera asegurar provisión de servicios ambientales en bosques de “El Breo”

El objetivo principal de esta concesión es contribuir con la conservación del Bosque Seco Tropical del Huallaga, que alberga a un ecosistema único conocido como “Quinillales” por la predominancia de la especie arbórea Manilkara bidentata (“Quinilla”) y la permanencia de los servicios ambientales que brinda: mantenimiento y estabilización del flujo hídrico, ya que de ellos nacen corrientes de agua que abastecen a las poblaciones aledañas al área.

De otro lado, con los bosques de “El Breo” se espera asegurar la provisión de servicios ambientales y contribuir con su aprovechamiento sostenible. Esto debido a que dichos bosques eran amenazados por la intensa extracción ilegal de madera para uso comercial.

El desarrollo de este proyecto contó con el empuje de 23 habitantes del centro poblado mayor de Dos de Mayo, quienes decidieron constituir la Asociación para la Protección de Bosques Comunales Dos de Mayo - Alto Huayabamba en el 2007.

El área, que asciende a 113,826 hectáreas, se encuentra en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Río Abiseo y es parte de la zona de influencia directa de la concesión para conservación “Alto Huayabamba”.
Estas iniciativas de conservación tienen como finalidad asegurar los servicios ambientales que provee el bosque para el beneficio de las comunidades circundantes a estas zonas. Estos servicios incluyen la preservación del ciclo hidrológico, la estabilización del flujo hídrico y la climatización del área.

Fuente: Inforegión

www.amazoniamagica.com

viernes, 25 de junio de 2010

La decisión del ejecutivo de no promulgar la Ley de Consulta es una ofensa para los pueblos indígenas del Perú‏



Amnistía Internacional lamenta la decisión del poder ejecutivo del Perú de no promulgar la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios que aprobó el Congreso el pasado 19 de mayo.

Este rechazo por parte del Presidente y su Consejo de Ministros es una afrenta a los pueblos indígenas del Perú. La respuesta por parte del ejecutivo es decepcionante y supone una oportunidad perdida.

Es encomiable que el Congreso haya aprobado una ley que respeta los acuerdos fundamentales alcanzados con los pueblos indígenas de la Amazonía y los Andes peruanos. A pesar de los abusos contra los derechos humanos que han sufrido los pueblos indígenas del Perú, sus representantes participaron en un diálogo constructivo y llegaron a acuerdos, demostrando su disposición y buena voluntad para avanzar en cuestiones que para ellos son de suma importancia. Sin embargo, el gobierno, al no promulgar esta ley, ha demostrado que no se toma en serio la protección y el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Frente a un legado de atroces violaciones de derechos humanos, los pueblos indígenas de la región y del Perú se movilizan para hacer oír su voz. Su lucha contra la discriminación y por el derecho a recuperar sus tierras y territorios, por el derecho a ser consultados de manera libre, previa e informada para dar consentimiento a las decisiones que los afectan y por el derecho a participar de los beneficios de la explotación de los recursos naturales de sus territorios ancestrales ha alcanzado un punto significativo con la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007.

Perú tiene la obligación de acatar las normas internacionales de derechos humanos que protegen a los pueblos indígenas contra el despojo de sus tierras y recursos en nombre del desarrollo. Estas normas han surgido precisamente para poner fin a modelos históricos de toma de decisiones que se les han impuesto y a condiciones de vida que han amenazado su supervivencia .

La Organización Internacional del Trabajo, tanto como el Banco Mundial y la Defensoría del Pueblo del Perú han destacado la importancia de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios para el país. La decisión del gobierno de no promulgar esta ley es un paso atrás en el camino hacia el cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Perú.

Para más información o para concertar entrevistas contacten a Núria Frigola (comunicacion@amnistia.org.pe / 989 180 327 / 2415625)

domingo, 20 de junio de 2010

La Unesco otorgó al área Oxapampa-Asháninka-Yánesha el título de reserva de biósfera

La reserva situada en el departamento de Pasco cuenta con gran biodiversidad. Con esta nominación, el Perú suma cuatro lugares que obtienen esta distinción

Miércoles 02 de junio de 2010
El área denominada Oxapampa-Asháninka-Yánesha cuenta con una gran biodiversidad (Foto: Simon Auerl Schwarz)

El área denominada Oxapampa-Asháninka-Yánesha, ubicada en la región Pasco, fue distinguida por la Unesco como reserva de biósfera en la XXII Reunión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa del Hombre y la Biósfera (MAB) que se celebra en París.

La reserva peruana, de 1’800.000 hectáreas y ubicada en la región de bosques amazónicos de altura, es considerada por la Unesco un lugar sometido a una intensa presión y a un grave riesgo debido a actividades humanas como la deforestación, lo que pone en riesgo la flora y fauna del lugar.

Además de la biodiversidad, la Unesco resaltó el hecho de que el lugar esté habitado por pueblos como los yánesha y los asháninka, lo que ayudará a la conservación y el cuidado de los recursos naturales de la zona.

Con esta nominación, el Perú eleva a cuatro los lugares que ostentan este título: la Reserva de Biósfera del Manu, la Reserva de Biósfera del Noroeste (que incluye territorios de Piura, Tumbes y también de Ecuador) y la Reserva de Biósfera del Huascarán y la Reserva de Biósfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha.

Junto al pedido peruano fueron aprobadas otras 12 solicitudes de países como México, Nicaragua, Chile, Costa Rica, Etiopía, Irán y Alemania, lo que aumentó a 566 las zonas declaradas como reservas de biósfera.
@ El Comercio

jueves, 17 de junio de 2010

Qué se juega en el acuerdo energético Perú-Brasil


Por Milagros Salazar

Los mandatarios Alan García y Luiz Inácio Lula da Silva reunidos para rubricar el polémico acuerdo.

El pacto energético que acaban de firmar Perú y Brasil en la amazónica ciudad de Manaus nace con rechazo de poblaciones indígenas peruanas donde se construirían las centrales hidroeléctricas proyectadas.
¿Qué está en juego?

Perú aún no calculó cuánta energía necesitará su mercado interno de las hidroeléctricas que se erigirán en la Amazonia de este país en virtud del acuerdo firmado el miércoles 16 por el mandatario Alan García y su anfitrión brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Sin embargo, se compromete a entregar un porcentaje permanente de electricidad a Brasil por 30 años. Y si quisiera denunciar lo pactado, sólo podrá hacerlo cuando haya transcurrido la mitad de ese plazo, informó a IPS el viceministro de Energía de Perú, Daniel Cámac.

"¿Qué sentido tiene firmar un acuerdo sin determinar si es lo que necesitamos como país? ¿Por qué no hacemos los estudios antes de asumir compromisos de los que nos podemos arrepentir?", cuestionó el abogado César Gamboa, director de la organización no gubernamental Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

El viceministro Cámac replicó que para hacer ese cálculo se necesita "un mayor análisis" y por tanto "se va a ir trabajado proyecto por proyecto para ver cuánto se requiere".

El acuerdo que empezó a negociarse en 2006 proyecta generar 6.000 megavatios (mv) con la construcción de generadoras en territorio peruano que, según la versión oficial, priorizarán el abastecimiento interno y permitirán vender los excedentes a Brasil.

Pero el ingeniero Alfredo Novoa, director de la organización no gubernamental ProNaturaleza, aseguro a IPS que "Perú no necesita proyectos energéticos en la Amazonia para cubrir su demanda".
"Hay un potencial de 22.000 mv en los Andes y otros tantos miles en la costa, ¿para qué más?", cuestionó.

Este país posee una capacidad instalada de más de 6.000 mv de diversas fuentes que cubren sin sobresaltos la demanda actual. Y se proyecta que necesitará para 2020 unos 12.000 y unos 20.000 para 2050, según Novoa.

En cambio, "Brasil, una potencia emergente, tendrá una demanda proyectada de 174.000 megavatios a 2030", insistió.

Para Cámac, Perú podría necesitar mucha más energía que esas estimaciones. En 20 años la demanda puede llegar a 25.000, indicó.

"Con el acuerdo se abre un mercado de integración, y luego se harán los estudios para encontrar un equilibrio económico entre los dos países", indicó.

De acuerdo con la explicación del viceministro, en cada central hidroeléctrica se establecerá un porcentaje fijo por 30 años para la venta de energía al país vecino, que aún no se conoce a cuánto ascenderá.

En julio de 2009, la propuesta establecida indicaba 80 por ciento para Brasil y 20 por ciento para Perú en el primer decenio. Pero ante las protestas peruanas, las cifras se eliminaron del acuerdo y se discutirán en negociaciones a puertas cerradas. El funcionario dijo que tampoco se sabe cuántas generadoras se construirán, ni en qué zonas. "Incluso podrían ser en los Andes y no en la Amazonia", aseguró a IPS.

Pero el propio Cámac ya ha señalado en foros públicos una relación de posibles proyectos en la selva para vender energía a Brasil, como pudo verificar IPS en dos archivos con presentaciones en PowerPoint elaboradas por el funcionario.

En una exposición en mayo de 2009 para un seminario internacional, el viceministro colocó en el paquete de oferta dos controvertidos proyectos.
Uno es el del río Inambari, ubicado en los límites amazónicos de las regiones Cusco, Madre de Dios y Puno, en el sudeste del país, que se convertiría en la hidroeléctrica más grande de Perú y la quinta en tamaño de América Latina.

El otro es el proyecto Paquitzapango en el río Ene, del central departamento de Junín, donde se concentra la población indígena asháninka.
De acuerdo con Gamboa, hay otros tres planes en cartera: Mainiqui 1 en Cusco, y Tambo 40 y Tambo 60 en Junín.

Para los cinco se ha calculado una inversión de entre 13.500 millones y 16.500 millones de dólares.

Los embalses de las centrales podrían obligar a desplazar a más de 4.000 personas en Inambari, entre indígenas y mestizos, y hasta 10.000 en Paquitzapango, la mayoría asháninkas, pueblo que sufrió el desplazamiento en el conflicto armado interno peruano (1980-2000).

El libro "Amazonia peruana en 2021", de Marc Dourojeanni, Alberto Barandiarán y Diego Dourojeanni, sostiene que Inambari puede ocasionar un gran impacto al ecosistema selvático por la laguna artificial que almacenará el agua de la hidroeléctrica.

Esto elevará la emisión peruana de gases de efecto invernadero en 5,9 por ciento.

"Hay costos sociales y ambientales que no están considerados. El gobierno trata de diluir los casos puntuales e insistir en que se trata de cooperación cuando en realidad es una negociación desigual", señaló Gamboa.

Las empresas que tienen a su cargo los dos proyectos principales son de capitales brasileños, mediante concesiones temporales que serían impulsadas al amparo del tratado.
El plan Inambari está en manos del consorcio Egasur, conformado por las empresas OAS y la estatal Eletrobrás Furnas, ambas brasileñas.
Paquitzapango fue concesionado a Paquitzapango Energía SAC. Detrás de ésta se encuentra la poderosa Organización Odebrecht, aseguró la abogada de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Iris Olivera.

En mayo, el gerente de proyectos de Odebrecht, Cecílio Abrão Junior, se presentó en la oficina de CARE para explicar los supuestos beneficios de la obra.

Según Olivera, el ejecutivo informó que Odebrecht está a cargo del estudio de factibilidad y que forma un consorcio con Eletrobrás y la empresa Andrade Gutiérrez.

OAS, accionista principal de Inambari, Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa componen un oligopolio de la construcción de grandes obras que, financiado por el estatal Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), constituyen una punta de lanza en América Latina y África.

Detrás de estas inversiones se encuentran proveedores del vecino país porque la financiación del BNDES tiene como condición el uso de equipos e insumos brasileños.

"Esto evidencia el interés económico de Brasil para ejecutar obras utilizando la máscara de empresas constituidas en Perú", señaló Olivera.

"Perú es apenas un peón más en el tablero de ajedrez de Brasil", indicó Novoa a IPS.

Los reflectores apuntan a la represa de Inambari, que regulará el caudal del río Madre de Dios, efluente del Madeira en la selva brasileña en el que se está construyendo un complejo hidroeléctrico con múltiples represas, añadió.

Así, cuando el Madeira tenga un caudal bajo, la represa de Inambari podría contribuir a que sus turbinas sigan funcionando.

El acuerdo debe ser debatido y ratificado por el Congreso legislativo de Perú para que entre en vigencia. "Sería saludable", dijo sin más el viceministro Cámac. (FIN/2010)

Fuente IPS