Demandas de nativos están amparadas en tratados internacionales

La paralización indefinida que acatan las comunidades indígenas de la selva, desde el 9 de agosto, está amparada en tratados internacionales, pues los decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo no hacen más que vulnerar sus derechos.

Así lo sostuvo Ada Chuecas, directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP), quien a través de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), señaló que dichas normas contravienen los convenios internacionales como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano, que velan por los derechos de las comunidades nativas.

“Los reclamos que tienen los pueblos indígenas son derechos
amparados no solamente en tratados internacionales de protección de pueblos
indígenas, sino también a nivel constitucional. Por eso, consideramos que los
reclamos son legítimos porque muchos de estos decretos legislativos dados por el
Ejecutivo vulneran los derechos humanos de pueblos indígenas reconocidos en la
OIT y la misma declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos
Indígenas”,

manifestó.

Sin embargo, consideró que la solución de este problema debe partir de una predisposición al diálogo de ambas partes - Ejecutivo y dirigentes indígenas- a fin de entender las razonas por las cuales se lleva a cabo esta medida de protesta

.“Creo que se tendría primero que serenar los ánimos y establecer un diálogo y
una discusión sobre lo que significa para ellos el derecho al territorio, que no
solamente está vinculado a un mero derecho de propiedad, sino que va más allá.
El derecho de territorio para ellos es un derecho inherente para que puedan
sobrevivir como individuos y como colectivos”,

refirió.Así mismo, Chuecas lamentó que el gobierno pretenda descalificar el paro de los nativos argumentando que detrás de dicha medida estarían Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

“Creo que el gobierno tiene una visión que se repite en el tiempo, descalificar que las propias poblaciones tiene el derecho de reclamar sus derechos sin necesidad de que esté alguien detrás de eso. Por eso, debe existir una nueva visión en la que se reconozca a todas las comunidades indígenas como una riqueza y no como un obstáculo para el desarrollo”, acotó.

Desde hace 10 días, 65 etnias amazónicas reclaman la anulación de 38 decretos legislativos, entre los cuales destaca el Nº 840/2006-PE de "Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería", conocido como “Ley de la Selva”.

De igual modo, se cuestiona el Decreto Legislativo Nº 1015 el cual establece que para la adquisición de propiedades de tierras se requerirá del voto a favor de no menos del 50%, es decir una mayoría simple, con lo cual se elimina la votación calificada de los dos tercios, de acuerdo a la Ley de Comunidades Campesinas.

Los nativos han tomado plataformas petroleras, campamentos del proyecto Camisea, en las zonas del Bajo Urubamba, en Cusco; retuvieron embarcaciones en Pucallpa, cerraron estaciones del Oleoducto Nororiente, y dejaron de operar la central hidroeléctrica de Aramango, en Amazonas. De igual modo, mantiene interrumpido el tránsito en el sector de Corral Quemado, en la ciudad de Bagua Grande, capital de la provincia de Utcubamba (Amazonas).

Cabe recordar que los días 8, 9 y 10 de julio, los habitantes de Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali acataron un paro de 72 horas en rechazo de las leyes y dispositivos arriba mencionados.

Fuente: (CNR) Coordinadora Nacional de Radio

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MARCHA INDÍGENA EN UCAYALI

Llegarán en canoas y balsas desde las diversas cuencas del Ucayali con velas
encendidas, macanas, flechas, caras pintadas con achiote en señal de guerra

Más de 5,000 miembros de los diversos pueblos indígenas de la región Ucayali, saldrán a protestar en las principales calles de la ciudad de Pucallpa en fecha 06 de Junio convocada por la Organización Regional AIDESEP Ucayali – ORAU, para hacer escuchar su rechazo al gobierno nacional por la reciente publicación del DL1015.

"Primero nos dijo “Perros del Hortelano” ahora no está enterrando vivo a los
pueblos indígenas de la amazonia con la publicación del Decreto Legislativo Nº
1015", es lo que declaró Segundina Cumpa lideresa indígena del pueblo Shipibo
Konibo y actual Presidenta del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas de la
región Ucayali.

Plantón frente a la oficina del BID

En Lima hoy a las 12 del medio día se llevó acabo un plantón frente a la oficina del BID, los representantes de los principales gremios nacionales Mario Palacios por CONACAMI, Julio Céspedes CUNARC – PASCO, Miguel Palacin por Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, Roberto Martinez por ANAMEBI, Antolin Huascar por CNA y Robert Guimaraes por AIDESEP han sido recibidos por los miembros del directorio del BID Joseph Milewski, Fernando Montenegro y Carlos Preafán.

Se informó a los funcionarios del BID:

Que el DL Nº 1015 es inconstitucional por que viola y atenta contra nuestros derechos como pueblos indígenas, viola la Constitución Política y el Convenio Nº 169 OIT, esta norma reduce la cantidad de votos que las comunidades necesitan para vender sus territorios, la Ley 26505 previa que una comunidad podía disponer de sus tierras, si es que por Asamblea General 2/3 del total de comuneros calificados estaban de acuerdo, ahora este decreto legislativo N º 1015, dispone que solamente con el voto de la mitad de los ASISTENTES A LA ASAMBLEA, se pueda disponer de los territorios, y eso es ilegal.

El Convenio 169 OIT dispone la obligación de los gobiernos de CONSULTAR a los pueblos interesados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente y en este caso hermanos NO SE NOS HA CONSULTADO pese a que el decreto legislativo 1015 está referido íntegramente a los Pueblos Indígenas.

La Constitución Política, en el artículo 89º, establece que las comunidades son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y disposición de sus tierras, por lo tanto los pueblos indígenas no podemos aceptar que se nos imponga mecanismos facilitadores que permitan despojarnos de nuestros territorios; este decreto legislativo, lejos de establecer medidas para promover el desarrollo de nuestros pueblos y comunidades, propone e incentiva la parcelación y desmembración de nuestros territorios. Es claro que lo que el Estado busca, es la extinción del territorio y de la propiedad comunal, el mismo que por razones de cosmovisión y cultura está íntimamente ligado con cada uno de nosotros; al extinguirse la propiedad comunal se está extinguiendo a una comunidad o pueblo indígena, puesto que el territorio es el hábitat que nos acoge, sin el y desde nuestra cosmovisión no es posible tener una vida digna.

La visita al BID obedece por que esta entidad viene financiando a través del gobierno peruano proyectos de titulacion de parcelas en los andes y la amazonia Titulación Individual de Tierras de las comunidades campesinas y nativas (PRT 3, a cargo del COFOPRI), el cual se encamina a destruir "legalmente" a las comunidades.

El Plantón Indígena se realizó en rechazo al apoyo del BID a éstas medidas, contrarias a la Constitución y que NO HAN SIDO CONSULTADAS las comunidades campesinas y nativas, como lo establecen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

EL BID respondió:
El BID entre otras respuestas señaló la necesidad de reapertura del Consejo Asesor de la Sociedad Civil (CAS) para facilitar la participación de las organizaciones de la sociedad civil para vigilar la implementación de planes y proyectos financiados por el BID. La reunión duro dos horas.

Contactos:
Robert Guimaraes 01 989733605, 01 980352450
Daysi Zapata 061961625010 (Ucayali – Pucallpa)

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Convocan a Plantón indígena frente a BID por financiar parcelación de tierras comunales

El miércoles 4 de junio del 2008 a las 11 de la mañana se realizará un plantón frente a las oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en protesta por financiar un proyecto de parcelación y titulación individual en territorios comunales.
La sede del BID en el Perú está ubicada en el Paseo de la República 3245, Piso 14, distrito de San Isidro y la convocatoria es realizada por organizaciones como la CONACAMI, CCP, CNA, AIDESEP, CUNARC y ANAMEBI, entre otras.
Ellas denuncian que el proyecto citado -a cargo del organismo de formalización de la propiedad informal (COFOPRI)- “se encamina a destruir ‘legalmente’ a las comunidades campesinas y nativas”.
La acción de protesta exige que el Estado peruano cumpla con la obligación de culminar la titulación de las comunidades, procesos actualmente detenidos.
Asimismo, las organizaciones hacen un llamado a los millones de comuneros de todo el país “a sumarse a la campaña de recojo de firmas para exigir la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1015″.
De igual modo, reitera la convocatoria al Paro Nacional de 48 horas para los días 8 y 9 de julio próximo, en rechazo a la política económica del gobierno.
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Abajo el nefasto D. Leg.1015 del APRA que quiere destruir las comunidades y pueblos indígenas
Dirigido a beneficiar a mineras, petroleras, agro combustibles, madereras y aumentar la exclusión, contaminación, depredación y calentamiento global
Lima 26 de mayo del 2008
Las organizaciones campesinas e indígenas del Perú se pronuncian a la ciudadanía, los comuneros, indígenas, Estado, prensa nacional e internacional y de la opinión pública general lo siguiente:
1.- El gobierno peruano, del APRA , encabezado por el presidente Alan García Pérez, y con el apoyo de Unidad Nacional y por la derecha política, empresarial y mediática; una vez más arremete contra las comunidades indígenas campesinas de nuestro país al aprobar el Decreto Legislativo 1015, vulnerando el derecho a la propiedad comunal, el mismo que se encuentra protegido por la propia Constitución Política del Perú y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Peruano, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por la R.L. N° 26253.
2.- El Decreto Legislativo 1015 pone en peligro las tierras comunales -por tanto las Vidas y Culturas comunales como Pueblos- puesto que permite su confiscación o despojo y privatización para la reconcentración capitalista, facilitando de esta manera el ingreso de empresas dedicadas a actividades extractivas, como la minería, madera, agro combustibles e hidrocarburíferas, en territorios comunales.
Para ello se ha dispuesto que en adelante la entrega en concesión, alquiler, venta, transferencia de las propiedades comunales se haga con el consentimiento del 50% más un voto de los asistentes en una Asamblea, y no como antes se requería la convocatoria a Asamblea en forma específica con agenda para la disposición del territorio y se aprobaba con los dos tercios de votos calificados del padrón comunal.
El resultado en un ejemplo: De 1000 personas de un padrón comunal, bastaría el voto de 21 de 40 asistentes a cualquier asamblea para destruir el destino de todos los demás.
3.- Esta norma viene concretando su política neoliberal de despojo legal de nuestros territorios a las comunidades bajo el pretexto de promover la inversión privada y la competitividad de la producción agrícola dentro de las propiedades comunales.
Recordemos que a través de sus artículos “El Perro del Hortelano” y “Recetas del Perro del Hortelano”, Alan García expuso su espíritu racista hacia las comunidades previo a estas medidas normativas y su voluntad entreguista y obediencia a sus amos del capitalismo neoliberal, facilitando el ingreso de las grandes empresas transnacionales en nuestros territorios, pese al rechazo de los Pueblos y Comunidades del país.
4. Es conocido que tanto el gobierno, como las empresas interesadas en ingresar en las tierras comunales, vienen fomentando el divisionismo y la formación de organizaciones paralelas a las ya existentes dentro de las comunidades (incluso con apoyo para militar), las mismas que facilitarán la entrega de las tierras a las empresas privadas, violando las normas de derechos humanos, individuales y colectivos de los pueblos indígenas recogidas tanto en el Convenio 169 OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
Frente a esta nueva arremetida del gobierno las organizaciones indígenas campesinas del Perú expresamos lo siguiente:
1.- Expresamos nuestro total rechazo a las políticas implementadas por el gobierno, principalmente las que atentan contra los derechos colectivos de las comunidades, los mismos que están protegidos por el marco legal vigente y los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.
2.- Demandamos el respeto y cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que establece que las políticas que se emprendan desde el gobierno y que afecten a las comunidades indígenas - campesinas sean consultadas con ese sector de la población, y llamamos a organizar denuncias nacionales ante la OIT, ONU y Corte Interamericana de derechos humanos..
3.- Exigimos a los Congresistas progresistas y constitucionalistas, observar el Decreto Legislativo 1015, la deroguen o formulen la inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional conforme a sus atribuciones. Aquí debe definirse claramente quienes están con el pueblo o quienes son parte de los Otorongos que nos agreden.
4.- Pedimos a la Defensoría del Pueblo, que en forma inmediata interponga la demanda de inconstitucionalidad contra el D.Leg. 1015 y el Art 3 del D.Leg. 994, por los vicios legales que la contiene. Entre otros porque abusó para legislar sobre algo no previsto en la autorización del congreso.
5.- Hacemos un llamado a los millones de comuneros de todo el país a sumarse a la campaña de recojo de firmas para exigir la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1015, por atentar contra la propia Constitución y los instrumentos internacionales antes mencionados.
6.- Reiteramos la convocatoria al Paro Nacional de 48 horas para los días 8 y 9 de julio próximo, en rechazo a la política económica del gobierno, que busca desconocer nuestros derechos a la propiedad y la propia existencia de las comunidades y nuestros Pueblos, Culturas, Recursos y Vida.
7.- Llamamos a la movilización de los comuneros y comuneras, organizaciones locales, regionales, departamentales del agro de la costa, ande, de los pueblos indígenas, pequeños propietarios y posesionarios ribereños de ceja de selva, selva baja y selva alta y expresar su posición en las instancias estatales regionales y ante sus representaciones congresales a efectos de que se formule las acciones correspondientes. Igualmente, a la solidaridad de nuestros hermanos que han migrado a las ciudades y que luchan desde ahí por la sobrevivencia de sus familias y de la vida en sus raíces comunitarias.
8.- Convocamos al Plantón Indígena para el día 4 de junio de 2008, ante las Oficinas del BID en el Perú, por constituir la entidad que financiará el PTRT 3 (Programa de titulación y registro de tierras No. PE-L1026) que está a cargo del COFOPRI con la finalidad de “formalizar” la propiedad individual en el territorio indígena y que se encamina a destruir “legalmente” a las comunidades campesinas y nativas. Así mismo, que se cumpla con la obligación estatal de la titulación de nuevas comunidades y ampliación de las antiguas, actualmente detenidas en forma ilegal y dictatorial.
¡Por la integridad de nuestros territorios, vidas y culturas: Con suelo, subsuelo, agua, recursos forestales y diversidad biológica!
¡Por el respeto a los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas como a nuestra Autonomía, derecho a la Consulta y otros!
Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI)Confederación Campesina del Perú (CCP)Confederación Nacional Agraria (CNA)Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC)Asociación Nacional de Maestros Bilingües (ANAMEBI)Coordinadora Andina de Organización Indígenas (CAOI)

Presentan demanda de inconstitucionalidad por decreto anticomunidades

Y por exceder las facultades que le delegó el Congreso.

Una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto
Legislativo N°1015, que reduce el número de comuneros que deben decidir la venta
o concesión de tierras de las comunidades de la selva y sierra, presentó ayer la
Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional.

El documento señala que dicha norma, aprobada por el Ejecutivo hace dos semanas, vulnera los derechos constitucionales de participación y consulta de las comunidades campesinas y nativas, así como el derecho a la identidad cultural, reconocido por el inciso 19 del artículo 2º y por el artículo 89º de la Constitución Política del Perú.

Explica que en la práctica afecta la organización comunal al no respetar su derecho a ser consultadas sobre las decisiones legislativas que las afectan, tal como lo exige el Convenio Nº 169-OIT, ratificado por el Perú en 1994, y que el Perú está obligado a cumplir.

También vulnera el principio de reserva de ley para la regulación de derechos fundamentales, y excede las facultades que le delegó el Congreso para regular exclusivamente aspectos relacionados al TLC con Estados Unidos.

EL DATO
Protesta. Comunidades andinas y nativas organizadas protestaron contra el DL 1015 y convocaron a un paro para los días 8 y 9 de julio, exigiendo su derogatoria.
Fuente: Diario La República

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Desde la Amazonía

Firme y categórico rechazo a Decreto legislativo que atenta a los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas

Iniciativa legislativa (1015) del
Ejecutivo, actuando como Gobierno de facto, intenta imponer la parcelación y
propiedad individual en territorios de Comunidades de Pueblos indígenas en todo
el Perú y promover la invasión de intereses de grupos económicos, al más puro
estilo de la dictadura militar chilena a fines de la década de los 70.

Desde la amazonía, los referentes organizacionales indígenas, articuladores de comunidades y federaciones, han manifestado su categórico rechazo a tal iniciativa e inician una serie de acciones y movilizaciones para frenarla, con llamados urgentes a la unidad y a la solidaridad.

Marchas y movilizaciones, acciones legales por inconstitucionalidad, denuncias internacionales, campañas de firmas, son algunas de las reacciones que están sosteniendo diversas representaciones indígenas en todo el Perú para frenar un nocivo decreto legislativo (1015) que intenta imponer coactivamente la división de tierras indígenas comunitarias en todo el Perú, lo que causaría su desprotección y enajenación en pro y beneficio de grupos económicos que tienen intereses privados, principalmente para las industrias extractivas.

Dicho Decreto, asumido por el ejecutivo con pseudas facultades legislativas al más puro estilo de un Gobierno de Facto, busca promover la inversión privada de grandes grupos económicos en territorio de pueblos indígenas, atentando a sus derechos de tierras, territorios, de recursos naturales, bienestar social y de consentimiento previo, libre e informado, como parte de su libre determinación.

Así lo han manifestado desde la Región de Ucayali la organización ORAU (Organización Regional AIDESEP Ucayali), quienes a través de su directiva, presidida por Daysi Zapata y los dirigentes Alejandro Bautista, Milton Silva y Lizardo Cauper, entre otros, salieron al paso ante tal imposición manifestando su categórico rechazo y anunciando una serie de movilizaciones. En efecto, una de sus primeras reacciones es la convocatoria que están haciendo para el día 6 de junio, junto a federaciones y Comunidades, quienes, en coordinación a otros referentes locales como el Foro permanente de los Pueblos Indígenas, se encuentran convocando a una marcha en la Ciudad de Pucallpa, con un urgente llamado a la unidad de los Pueblos y a la solidaridad.

ORAU se encuentra activamente trabajando con sus Federaciones asociadas para rechazar el Decreto legislativo 1015, informando debidamente a sus socios sobre los alcances y consecuencias, las que no solo serían nefastas para la existencia de los diversos Pueblos Indígenas en la Amazonía, sino además, impulsarían de manera progresiva y sistemática la destrucción de la selva amazónica, territorio único e invaluable en el mundo por su biodiversidad y ecosistemas, vital para el planeta y la humanidad.

La iniciativa legislativa del Gobierno de Alan García, hizo recordar la Dictadura del Gobierno Militar de Pinochet en el vecino país Chile, quien gobernó desde 1973 a 1989. Dicha dictadura a través de Decretos Leyes a fines de la década de los 70, impuso una masiva división de las tierras de las comunidades indígenas, principalmente del Pueblo Mapuche, atentando a sus derechos colectivos y causando la pérdida de miles de hectáreas que fueron a dar a manos de particulares y grandes empresas. Hoy, los efectos de esa política dictatorial se reflejan en el minifundio, empobrecimiento y graves daños sociales, culturales y ambientales a las comunidades, cuyas familias sobreviven en micro parcelas, continuando una masiva emigración a las urbes.

Posición de AIDESEP El vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Robert Guimaraes, señaló a la agencia internacional IPS que el decreto legislativo fomenta la desarticulación del sistema de propiedad colectiva los pueblos indígenas, sin considerar que "somos un país multicultural".

"Los indígenas tenemos una visión distinta del territorio porque para nosotros es un bien colectivo, no individual, y además está relacionado a costumbres y valores culturales", explicó Guimaraes, quien viajará la primera semana de junio a Washington para solicitar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aidesep, que prepara el sustento legal de la demanda de inconstitucionalidad, señala que el decreto viola el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exige a los Estados consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos.

El cuestionado decreto atenta también contra la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas que fue aprobada por el Estado Peruano el 13 de Septiembre del 2007, sin embargo, contraria a su postura e imagen internacional, en términos locales y prácticos, el Gobierno se está dedicando a violar los derechos indígenas, según han denunciado las organizaciones opositoras.

La norma también viola varios artículos de la Constitución, que establecen que las comunidades son autónomas en su organización, y garantizan la propiedad comunal.

Referencia para Contactos de Prensa AIDESEP - ORAÚ:
Robert Guimaraes, Vicepresidente Nacional de AIDESEP

Fono Móvil: 01 - 989733605

Web AIDESEP: http://www.aidesep.org.pe/

Daysi Zapata, Presidenta ORAU

Fono Móvil: 061 - 961855847

Web ORAU: http://www.orauperu.org/

Enviado por: Raul Chacon

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AIDESEP: Decreto Legislativo N° 1015 es inconstitucional

Aidesep, 22 de mayo de 2008. Un día después que el Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo N° 1015, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP precisó que este dispositivo legal es inconstitucional e ilegal, llegando inclusive a ser atentatorio a los Derechos Humanos establecidos en instrumentos internacionales, por amenazar gravemente el derecho a la vida de los miembros de los pueblos indígenas, y el exterminio físico y legal de las comunidades campesinas y nativas del Perú.

En este sentido, Alberto Pizango Chota, presidente de la institución, precisó que la actual situación del D.L. contraviene el artículo 6º del Convenio 169 OIT, que dispone la obligación de los gobiernos de CONSULTAR a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. En este caso, el dispositivo cuestionado ha sido promulgado sin haberse efectuado la referida consulta, aún cuando esta norma nos afecta directamente a los pueblos indígenas; en este entender y por la naturaleza del Convenio 169 OIT, dicho dispositivo viola los artículos 44º, 55º, 118º y la Cuarta Disposición y Transitoria de la Constitución de 1993.

Sin embargo, el hecho de mayor gravedad se centra pues el artículo 10º de la Ley 26505, que modifica el Decreto Legislativo 1015, fue sustituido anteriormente en julio de 1997 por la Ley 26845. En dicha Ley modificatoria de la Ley 26505, se varió a la situación de que para la adjudicación de comuneros poseedores por más de un año, se requería no menos del 50% de los comuneros poseedores por más de un año de tierras asistentes a la Asamblea y para la adquisición de terceros poseedores por más de dos años, se requería el voto favorable de no menos del 30% de comuneros calificados asistentes a la Asamblea;

Al modificarse esta LEY por el Decreto Legislativo 1015, el artículo 10 de la Ley 26505 se estaría derogando tácitamente la Ley 26845, aún cuando este hecho no haya sido mencionado en la única disposición derogatoria del cuestionado dispositivo legal; sin embargo, la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley 26845, exige que para su modificación o derogatoria sea por medio de otra norma legal expedida por el Congreso y por mayoría calificada; por lo que, al modificarse a través de un Decreto Legislativo, estaría contraviniendo lo previsto en el artículo 106 de la Constitución, esto es de una votación de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.

Otro punto que se debe resaltar, subraya Pizango Chota, es que el Decreto Legislativo 1015, dispone que “(…) Las Comunidades Campesinas y Nativas deberán regularizar su organización comunal de acuerdo con los preceptos Constitucionales y la presente ley (…)”; sin tener en cuenta que la Constitución, en el artículo 89º, establece que las comunidades son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y disposición de sus tierras; además que ni la Constitución, ni la Ley 26505 establecen cambios en la “organización” de las comunidades, sino lo que se está cambiando es el régimen de tenencia de tierras al interior de la comunidad, el mismo que como veremos más adelante afecta el derecho de propiedad.

Así mismo, el Decreto Legislativo 1015, afecta el derecho de la propiedad comunal, contenido en el inciso 16 del artículo 2º de la Constitución, concordante con los artículos 69º, 70º, 88º, 89º y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, además de violar los artículos 7º, 13º, 14º y 16º del Convenio 169 OIT y contraviene los artículos 3º, 18º, 25º, 26º, 27º, 29º y 32º de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; puesto que es agraviante que, el dispositivo legal cuestionado, lejos de establecer mecanismos para promover el desarrollo de las comunidades campesinas, proponga formas para que las comunidades se deshagan de sus tierras, su principal activo, sea en forma de adjudicación individual a sus comuneros o a favor de particulares; puesto que es difícil entender cómo estimulando la enajenación de las tierras comunales, a través de rebajar el número de votos necesario para tomar dicha decisión, se consiga el “beneficio de sus Comunidades Campesinas y Nativas”.

El proyecto de Ley en mención y ahora el Decreto Legislativo Nº 1015, modifican la Ley Nº 26505, Ley de inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas.

Por estas razones, AIDESEP precisó que iniciará la batalla legal para que se declare esta norma inconstitucional, acudir al Tribunal Constitucional y a organismos internacionales para iniciar la defensa al territorio, la vida, la salud y el futuro de las comunidades indígenas del país.

Fuente: AIDESEP

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Nativos aguarunas rechazan DL sobre concesión de tierras comunales
Radio Amistad 21/05/2008 (CNR)

El Decreto Legislativo Nº 1015, suscrito por el presidente Alan García y que autoriza la inversión privada en tierras comunales de la sierra y la selva con el voto de sólo el cincuenta por ciento más uno de los comuneros reunidos para este fin, es una ley que será válida para el mandatario pero no para los pueblos indígenas.

Así lo aseguró Santiago Manuim, representante de la Comisión Especial de Unificación de las Organizaciones de Base Indígenas por la Defensa Territorial de Condorcanqui – Imaza (Amazonas), quien señaló que “esto será usado por el gobierno para quitarnos nuestras tierras pero no será tragado por la población”.

Desde los estudios de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), el dirigente de los nativos aguarunas manifestó que “esa ley será para Lima pero no para nosotros porque nos pondremos en contra”.Manuim señaló que

“el aguaruna tiene su propia ley, nosotros hemos estado ancestralmente en ese territorio, antes que los petroleros, antes que Alan García, no entregaremos la zona”.

Precisamente, este decreto legislativo se da cuando los pobladores aguarunas se encuentran en Lima, rechazando el ingreso de la compañía Perú Petro a sus comunidades para la explotación de petróleo en las provincias de Datem del Marañón (Loreto) y Cóndorcanqui y Bagua (Amazonas).

Sobre el tema, Manuim aseveró que la población “está rechazando el ingreso de la contratista HOCOL S.A. porque no nos han consultado; están violentando el derecho del pueblo reconocido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a que nos consulten antes de entrar a nuestras tierras”, señaló.

Los representantes de la Comisión Especial han denunciado que a través del Decreto Supremo 006-2006 se concesionó a la empresa HOCOL S.A. la exploración y explotación de petróleo en las provincias del Datem del Marañón, Condorcanqui y Bagua, territorio ocupado por comunidades indígenas y siendo usurpadas sin siquiera ser consultados.

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