jueves, 10 de septiembre de 2009

CAOI y CONACAMI Presentan propuestas para atender las recomendaciones del CERD de Naciones Unidas


CAOI y CONACAMI presentan propuestas para atender las recomendaciones del CERD de Naciones Unidas
En conferencia de prensa ofrecida al mediodía de hoy en la sede la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) presentaron sus propuestas respecto a las recomendaciones formuladas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas al Estado peruano.

Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de CAOI, dijo que el CERD emitió 33 recomendaciones, de las cuales 25 se refieren a los pueblos indígenas. Una de las más importantes es la necesidad de promulgar una Ley Orgánica sobre el tema. "Nuestra propuesta es que se dé ese rango de ley a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU", señaló Palacín.

Recordó que en marzo de este año CAOI y CONACAMI presentaron una demanda contra el Estado peruano por racismo y discriminación, sustentada en los artículos de la serie "El síndrome del perro del hortelano" publicados por el Presidente Alan García en el diario El Comercio; y en la emisión del paquete legislativo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que vulnera los derechos indígenas.

Esta denuncia formó parte de las preguntas formuladas por el CERD al Estado peruano en su 75 Sesión de evaluación, reunida en Ginebra, Suiza, el 3 de agosto, a la cual asistió también el Ministro de Justicia Aurelio Pastor, "quien no respondió a las preguntas de los expertos ni explicó por qué el Estado peruano demoró diez años en presentar su informe ante este organismo". En la misma Sesión participó Miguel Palacín, quien entregó un informe alternativo elaborado por CAOI y CONACAMI.

El resultado fue el documento de recomendaciones del CERD, entre las cuales está la de promulgar una Ley sobre la Consulta y el Consentimiento Previo, Libre e Informado. Palacín indicó que hay dos proyectos, uno presentado por las organizaciones indígenas y otro por la Defensoría del Pueblo. Se trata de que el Congreso dé prioridad a su debate y aprobación, porque las concesiones mineras y petroleras en territorios indígenas nunca han sido consultadas. Y la inconstitucionalidad de los decretos legislativos del TLC radica también esa ausencia de consulta.

Otra importante recomendación es la de implementar la Comisión Especial que investigue la Masacre de Bagua, que forma parte del informe emitido por el Relator Especial para Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, al término de su visita al Perú. "Estaremos alertas para que las conclusiones de esta Comisión sean objetivas, a fin de determinar responsabilidades y diseñar políticas para garantizar el respeto a los derechos humanos y derechos colectivos de los pueblos, como único camino para reconstruir la confianza que ha sido arrasada por la actitud del gobierno", advirtió el Coordinador General de la CAOI.

Anunció también que del 12 al 16 de octubre se desarrollará la Minga Global por la Madre Tierra, una movilización mundial que dará la respuesta de los pueblos indígenas y los movimientos sociales al problema del calentamiento global. En la misma dirección, como parte de esta Minga, se constituirá en Cochabamba, Bolivia, el Primer Tribunal de Justicia Climática, para juzgar moralmente a las transnacionales que violentan los derechos de la Madre Naturaleza y de los Pueblos.
Por su parte, Mario Palacios Panez, Presidente de CONACAMI, dijo que las recomendaciones del CERD evidencian que en el Perú hay una discriminación racial estructural. "El Estado, sus gobernantes, la sociedad misma, desarrollan una política sistemática de discriminación, por ello el CERD acoge nuestra demanda", subrayó.

Destacó la necesidad de implementar la Ley de Consulta, para garantizar el consentimiento previo, libre e informado, que es un derecho de los pueblos indígenas. De la explotación de recursos naturales sin consulta es que devienen los conflictos. Y el CERD ha expresado su preocupación por la exacerbada conflictividad que genera el Estado con los pueblos indígenas. El CERD –precisó- ha puesto énfasis en los impactos producidos por las empresas extractivas en los territorios y en la salud de los pueblos indígenas.

Anunció que CAOI, CONACAMI y AIDESEP harán un seguimiento de estas recomendaciones y se reunirán para acordar una estrategia que garantice su cumplimiento.

Palacios Panez se refirió también a la firma del contrato con Pluspetrol para la explotación de un lote que está superpuesto a una reserva territorial indígena: "los contratos no solo se superponen a reservas y territorios indígenas, esto es algo que hace años lo venimos denunciando. Es una política del gobierno otorgar concesiones y estamos preparando una demanda contra las concesiones de minería en el ande y de petróleo en la amazonía. El Estado vulnera derechos porque no nos consulta, vulnerando el Convenio 169 de la OIT".

El Presidente de CONACAMI anunció también que el 17 y 18 de este mes se reunirá la Cumbre Alternativa Andina Amazónica, paralela a la 29 Convención Minera. Allí se examinarán las concesiones mineras y petroleras en el Ande y la Amazonía, y se tomará acuerdos para lograr la constitucionalización de los derechos indígenas: territorio, recursos naturales, consulta, lengua propia, etc. Las propuestas que de allí emanen serán entregadas a la Convención Minera y a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Finalmente, Miguel Palacín se refirió al Instituto de Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, Andinos y Afroperuanos (INDEPA): "este instituto es una creación de los pueblos indígenas, que durante muchos años reclamamos que el estado cree una institución, porque no podíamos estar recorriendo 14 ministerios para gestionar nuestros derechos. El INDEPA debe tener una representación de 50% de los pueblos y 50% del Estado. Desde hace dos años, nuestra representación no se renueva y Alan García ha relegado este instituto a una oficina del Ministerio de la Mujer. No tiene presupuesto, asistencia técnica ni consejo de gobierno; se ha convertido en una oficina de trámites electorales del Partido Aprista. Las organizaciones indígenas convocaremos a elecciones de nuestros representantes, para que el INDEPA se fortalezca y cumpla el rol para el que fue creado", concluyó.

Fuente: Sudamérica Rural

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