Parlamento derogó DL 1090 y 1064
Tras un largo debate el Congreso de la República derogó los decretos legislativos 1090 y 1064 con 82 votos a favor y 14 en contra. Durante el debate, que duró cuatro horas, las bancadas presentaron diferentes razones para la derogatoria de los decretos. Para algunos se trataba de defender los derechos de los pueblos indígenas, que se veían vulnerados a raíz de la promulgación de estas normas. Para otros, como los apristas, se traba sólo de una medida para mantener la paz social, ya que en el fondo, los decretos serían positivos. La bancada de Unidad Nacional fue la única que votó a favor de mantener la vigencia de los decretos, argumentando que el gobierno no podía ceder ante la violencia.
En la sesión estuvieron presentes Daysi Zapata, presidenta de AIDESEP, y Lidia Rengifo, una de las Apus de la Selva Central; quienes estaban acompañadas de otros apus. Todos ellos celebraron como un gran triunfo de los pueblos indígenas al conocerse los resultados. Declararon que informarían inmediatamente a sus bases para iniciar el levantamiento de los bloqueos en las carreteras, y así cumplir con su parte de los acuerdos. Por otra parte, exigieron que se detenga la persecución a sus líderes, en especial a Alberto Pizango, quien se encuentra asilado en Nicaragua. Sin embargo, la noticia no fue recibida de la misma manera en algunas comunidades, que consideraron que la lucha aún no termina. Ese fue el caso de las comunidades de Yurimaguas. Sostuvieron que aún faltan otros siete decretos más que afectan a la amazonía.El decreto legislativo 1064 establecía un nuevo régimen jurídico para el aprovechamiento de tierras de uso agrario. Viola el derecho a la propiedad comunal al eliminar la necesidad de la negociación con la comunidad para establecer derechos de servidumbre, cuando se realicen actividades mineras o petroleras en territorios de las comunidades. Por otra parte establecía que primaba el derecho de los colonos con más de cuatro años de posesión en el caso de un conflicto sobre la propiedad de un territorio. El decreto legislativo 1090, o Ley Forestal y de fauna Silvestre, modificaba la ley forestal anterior, pero sin hacer mención al uso y aprovechamiento de los bosques por partes de las comunidades nativas. También queda vacío alguna normatividad sobre los contratos de cesión de uso. También excluye a los recursos forestales de ser considerados como patrimonio de la nación. Todo esto constituye una seria amenaza a la integridad de las comunidades indígenas.
Quedan pendientes los decretos 994, que promueve la inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola; el 1020, que establece un marco normativo para el crédito agrario que privilegia a los parceleros individuales y deja de lado a las comunidades; el 1081, que crea el sistema nacional de recursos hídricos de una forma que no responde a la realidad de las comunidades y que resulta bastante ambiguo con respecto a la inversión privada; el 1084, que permite la entrada de COFOPRI a la titulación rural bajo una lógica que privilegia la titulación individual antes que la comunal; y el 1083, que establece un sistema para el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos en el que aquellos que tengan más recursos económicos para acceder a nuevas tecnologías para el uso de agua tengan un mayor derecho sobre el uso del agua, dejando de lado a aquellos que no tienen esa capacidad.
Fuente: Alerta Perú @ Ftografía: SERVINDI
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