La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, expresa su profunda preocupación frente al establecimiento del Estado de Emergencia en las provincias de Bagua y
Utcubamba (Amazonas), Datem del Marañón (Loreto) y en el distrito de Echarate,
de la provincia de La Convención (Cusco), debido a las protestas de la población
indígena.Al respecto, APRODEH señala a la opinión pública que estas protestas se deben a las graves amenazas sobre los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. En los últimos años, el Estado peruano viene otorgando concesiones sobre dichos territorios a empresas petroleras y gasíferas, sin establecer ninguna consulta a los pueblos indígenas que habitan dichas áreas. Como resultado, los indígenas suelen ser víctimas de serios daños ambientales como ha ocurrido con los achuares del Río Corrientes.
Inclusive son asignadas las tierras habitadas por pueblos indígenas en aislamiento, quienes simplemente podrían desaparecer debido a las actividades extractivas.
Según el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por el Estado peruano, los pueblos indígenas tienen el derecho de participar en la planificación de su propio desarrollo. Sin embargo, este derecho se incumple permanentemente, al punto que el actual gobierno ha promulgado decenas de Decretos Legislativos que ponen en serio peligro las tierras indígenas, permitiendo inclusive que sean otorgadas a empresarios contra su voluntad (Decreto Legislativo 1064) y flexibilizando la venta y disposición de las tierras comunales (Decretos Legislativos 1015 y 1073).Nos preocupa especialmente que las últimas movilizaciones de los pueblos indígenas hayan sido enfrentadas con inusitada violencia por las fuerzas de seguridad, como ocurrió en Andoas (marzo) y Puerto Maldonado (julio): detenciones arbitrarias, maltratos físicos y tortura demuestran que, como sucedió durante el conflicto armado, subsiste la percepción de los indígenas como seres inferiores. Ninguno de estos hechos ha sido sancionado.
No es con medidas represivas que se logrará establecer la confianza de los pueblos amazónicos en el Estado peruano, sino con un verdadero diálogo donde sus legítimas demandas sean escuchadas. Ello implica que el gobierno acepte la posibilidad de derogar las normas que amenazan los territorios indígenas y respete su derecho a participar en la toma de decisiones que les afecten.
En las manos de las autoridades peruanas está la posibilidad de avanzar por el reconocimiento de los derechos de los indígenas o actuar de manera violenta hacia quienes solamente luchan por su subsistencia. El Perú tiene una deuda social con la población amazónica y debería satisfacerla.
Lima, 18 de agosto de 2008
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