Junio 12, 2009
Su Excelencia Hillary Clinton
Secretaria de Estado
Departamento de Estado de los Estos Unidos de América
2210 C Street NC
Washington, Columbia District 20520
Su Excelencia,
Nos dirigimos a Ud. para solicitar que el Gobierno de los Estados Unidos tome acción de forma inmediata, concreta y pública, para ayudar a resolver la crisis social y política que se está intensificando rápidamente en el Perú. Esta crisis es resultado de la protesta por el contenido de leyes que han sido justificadas por el gobierno del Perú como requerimientos establecidos por el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Perú (TLC EEUU-Perú). El Gobierno de los Estados Unidos debería clarificar esta situación inmediatamente, explicando si la derogatoria de los decretos en cuestión, o provisiones específicas en ellos que son la causa de la disputa, pondrían en riesgo la implementación del TLC EEUU-Perú.
El estallido de violencia en las afueras de la norteña localidad de Bagua el 5 de junio del 2009 y los eventos subsecuentes requieren de una respuesta inmediata por parte de los Estados Unidos. La intervención policial para poner fin a las protestas no violentas que llevaban a cabo las comunidades indígenas en la Amazonía desde hacía dos meses ha resultados en una serie de muertes tanto del grupo de indígenas como de la policía y en violaciones en curso de derechos humanos. Informes de testigos de los hechos contradicen las versiones del evento que el Gobierno Peruano está haciendo circular agresivamente en los medios e incluso en You Tube. Deploramos por igual todas las muertes -de indígenas y policías- y urgimos a ambas partes a evitar otros actos de violencia.
Una de las demandas centrales de los indígenas –planteadas hace cerca de un año y retomadas hace dos meses- es la derogatoria de varios decretos legislativos promulgados en el 2008 bajo el amparo de los poderes especiales que el Congreso del Perú otorgó al Presidente García para facilitar la implementación del TLC EEUU-Perú y promover la competitividad económica para su efectivo aprovechamiento. Las federaciones indígenas y muchas organizaciones de la sociedad civil han denunciado decididamente las posibles consecuencias de estas leyes para el bosque tropical amazónico y los derechos indígenas al territorio, así como el hecho de que éstos hayan sido adoptados sin transparencia o consulta genuina, en aparente contradicción con los compromisos del TLC EEUU-Perú, el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos[1] y la declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. La Comisión de Constitución del Congreso del Perú recientemente declaró inconstitucionales a dos de estos decretos, pero el debate en el pleno del Congreso ha sido repetidamente pospuesto, precipitando la intensificación de las protestas y la crisis constitucional y política.
Las provisiones laborales y ambientales introducidas en el TLC EEUU-Perú como resultado de los acuerdos del 2007 entre la administración de Bush y el Congreso Norteamericano constituyeron un esfuerzo de buena fe para mejorar la política de comercio de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de progresos en algunas áreas, el espíritu de este acuerdo ha sido minado repetidamente desde la ratificación del TLC EEUU-Perú por el Congreso de los Estados Unidos. La forma en que el gobierno de García ha tomado ventaja del proceso de implementación del TLC ha exacerbado las tensiones sociales existentes y provocado serios conflictos sociales en Perú, los que ahora han conducido a la violencia.
Ante los eventos del último viernes y la posibilidad de más violencia –especialmente ahora que el Gobierno peruano ha comunicado su intención de intervenir en otras áreas de la Amazonía donde se realizan protestas - urgimos fuertemente al Gobierno de los Estados Unidos a:
1. Hacer un llamado público a poner fin al uso de violencia en ambos lados y urgir al Gobierno del Perú a abstenerse de usar un exceso de fuerza para desalojar a los que protestan.
2. Comunicar públicamente que apoya los procesos que toman en cuenta los puntos de vista de los pueblos indígenas y la sociedad civil, y que está dispuesto a trabajar con el Perú para tratar de manera constructiva los temas pendientes relacionados con el Decreto Legislativo 1090 que al mismo tiempo aseguren la implementación del TLC EEUU-Perú.
3. Comunicar públicamente que la derogatoria o reforma de los otros Decretos Legislativos que están a la base de la crisis, particularmente los DL 1064, 1020, 1089, 994 y 995 y la Ley 29338 (de Recursos Hídricos), no plantea un conflicto con las obligaciones del TLC EEUU-Perú.
Esperamos conocer cuáles acciones va a tomar el Gobierno de los Estados Unidos en los próximos días para ayudar a asegurar a que no ocurran más hechos de violencia en la Amazonía Peruana como resultado de esta crisis y para trabajar con Perú de una manera que resuelva las preocupaciones de la población indígena, sea consecuente con la legislación peruana e internacional y consistente con el TLC EEUU-Perú.
Atentamente,
Vicky Gass, Washington Office on Latin America
Margrete Strand, Sierra Club
Stephaniue Burgos, Oxfam America
Ani Youatt, Natural Resources Defense Council
Carroll Muffett, Greenpeace USA
Simon Taylor, Global Witness
Elisabeth Bast, Friends of the Earth
Vanessa Jimenez, Forest Peoples Programme
Andrea Johnson, Environmental Investigation Agency
Aaron Goldzimmer, Environmental defense Fund
Scott Cardiff, Earthworks
Andrea Goyenechea, Defenders of Wildlife
Kirsten Genovese, Center for International Environmental Law
Vince McElhinny, Bank Information Center
Andrew Miller, Amazon Watch
[1] El 8 de junio del 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó decididamente los hechos de violencia en el Perú; ver www.cidh.org/Comunicados/English/2009/35-09eng.htm
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